Por lo tanto, en consecuencia con nuestra postura liberal que promueve enfoques alternativos de cara a afrontar los importantes retos que demanda el postconflicto, se hace un llamado de atención a la Administración Distrital, con la intención de que sea masificado generando eco, también, en el Gobierno Nacional: los niveles de seguridad y buena convivencia dependen de múltiples factores, dentro de los cuales juega un papel muy importante la oferta de empleo[1] por parte de los sectores privado y público, los cuales deben realizar esfuerzos mancomunados de cara a promover la oferta de trabajo formal, lo cual permita generar progreso, prosperidad y mayor ocupación de la ciudadanía, teniendo siempre como derrotero la importante labor del trabajo en la dignificación del ser humano.

Así mismo, es perentorio reconocer la necesidad de crear y promover desde el Estado una cultura fuerte y sólida de legalidad, la cual cale en el imaginario y consciente colectivo ciudadano a partir de incentivos sociales y culturales de todas aquellas acciones que vayan en la dirección del respeto por la Ley (en sentido amplio) y la sana convivencia, de la mano, a su vez, de contundentes sanciones sociales que ataquen el problema desde la moralidad secular y generen un fuerte sentimiento de reproche social en todo aquel ciudadano que no actúe conforme a la Ley y a la buena convivencia ciudadana.

Por lo anterior, si bien se reconoce el importante esfuerzo en aumentar el pie de fuerza pública realizado desde las Administraciones Distrital y Nacional, es hora de reconocer abiertamente y con responsabilidad la estrecha relación entre economía y aumento de los índices de delincuencia, ya que es necesario estudiar diferentes alternativas que permitan atacar con suficiente contundencia y eficacia esta problemática, que lejos está de solucionarse con la implementación solitaria de acciones encaminadas al aumento de policías en las calles[2].

Así pues, de no atacarse el problema desde una visión más amplia que acoja temas de seguridad ciudadana, sociales y económicos, entre otros, todas aquellas medidas que se adopten como por ejemplo la restricción de parrilleros, van a quedar siempre cortas sin una apuesta seria que brinde mayores oportunidades de trabajo y estudio, sobre todo a la población joven y en condición de mayor vulnerabilidad.

De igual manera, se considera asertiva la forma de entender la manera de mejorar la problemática de la criminalidad, por parte de Estanislao Escalante Barreta (Líder de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” y del observatorio de “Medios de Comunicación, Justicia Penal y Política Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia), motivo por el cual se debe acoger y promover, la cual plantea la importancia de “superar la violencia estructural, la violencia del lenguaje, los discursos y oleadas televisivas sobre el delito, y de transformar las políticas públicas relacionadas con la cultura, la educación y la ciudadanía”[3].

Este orden de ideas es preciso abordar el análisis de la seguridad y convivencia ciudadanas a partir de un enfoque socio económico y para ello debemos contar con la información y/o estudios que permitan comprender la relación existente entre el desempleo, falta de oportunidades sociales y educativas, y aumento o no disminución de la delincuencia en la ciudad capital.

Igualmente, resulta preciso adelantar acciones, estrategias, planes o programas socioeconómicos cuyo objetivo sea atacar la problemática de la delincuencia en Bogotá D.C.