Según cifras del DANE la cobertura nacional en materia de agua potable es de 92,3 %, mientras la de alcantarillado es de 88,2 %. Es decir que hoy más de 3,6 millones de personas viven en Colombia sin acceso al agua, sea de acueductos o de pozos, y 5,6 millones no cuentan con alcantarillado. Porcentaje que aumenta en las zonas rurales, donde los dos servicios no supera el 75 % de cobertura.
Por otra parte, las cifras del DANE para 2019 manifiestan que Bogotá es la ciudad más desigual del país, con un total de 800 mil personas por debajo de la línea de pobreza, y una concentración de deficiencias sociales en sectores de población vulnerable de los estratos 1 y 2, ubicados en las Localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal.
Frente a ese panorama el Decreto 485 de 2011, que en su momento adoptó el Plan Distrital del Agua, inaugura la entrega de un Mínimo Vital de 6 m3 de agua potable para la población de estrato 1, cobertura posteriormente extendido al estrato 2 residencial y mixto (Resolución SDHT 1326 de 2012). Según la SDHT, a diciembre de 2019 el Mínimo Vital ha beneficiado un total de 785.848 suscriptores de la EAAB, correspondientes a los estratos señalados. Beneficios que incluyeron una población rural del Distrito de 12.674, usuarios de acueductos comunitarios. Asignaciones del Mínimo Vital cuyos costos entre 2016 y 2019 habrían ascendido a una inversión total de 187.960 millones.
Desde su aplicación, el programa de Mínimo Vital ha tenido una cobertura por parte de la EAAB de un 16% de usuarios del estrato 1, y un 84% del estrato 2, particularmente concentrados en las Localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba.
No obstante, de acuerdo con la encuesta del SISBEN para el año 2011, en Bogotá 12.966 personas no cuentan con el servicio de acueducto, y 14.934 con el de alcantarillado (SDP, 2012). Población que no sólo no se incluyó en los beneficios del Mínimo Vital, por no ser suscriptora, sino que la creación de este subsidio le perjudicó, puesto que los recursos invertidos en su otorgamiento son parte de las inversiones destinadas a la ampliación de la cobertura de las redes de acueducto y alcantarillado.
Población que tampoco ha resultado beneficiada de la Resolución 911 de 2020 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), que, como parte de las medidas tomadas en beneficio de la población más expuesta a los efectos socioeconómicos del Covid-19, ha obligado a la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) a realizar la reconexión del servicio a unos 42.000 usuarios en su mayoría concentrados en los estratos 2, 3 y 4, y que lo tenían suspendido por mora en el pago.
Reconexión del servicio que, por otro lado, no implica la condonación de la deuda que generó la suspensión, por lo cual los beneficiarios deberán realizar el pago una vez la pandemia sea superada; por lo cual han requerido medidas complementarias de financiación para este beneficio.
La progresiva demanda de agua y las amenazas globales sobre las fuentes hídricas, así como sobre la contaminación de sus caudales disponibles, concentraron la atención en soluciones fundamentadas en la potenciación de la oferta y los modelos de gestión; ruta en la cual se llegó a la privatización. Frente al fracaso de la gestión privada del agua, el enfoque de derechos pone en la escena la importancia de la demanda, hacia cuyo fortalecimiento apunta precisamente la implementación de un subsidio de Mínimo Vital de agua potable.
No obstante, y frente a la no cobertura de la creciente población sin estratificar, el Mínimo Vital se ha quedado corto frente a los procesos de suburbanización y de informalidad socioeconómica, donde la categoría de “usuario” resulta una dignidad lejana de alcanzar.
En ese marco, la coyuntura del Covid-19 nos llama a profundizar sin temor en las raíces de la democracia, pasando de los Mínimos a la integración social plena que promete el Buen Vivir. Perspectiva donde el acceso al agua y demás servicios públicos domiciliarios, demanda la adopción de la condición de “habitante”, sin distingos de estratos, a cambio de la condición de “usuario”. Tal es el reto que tiene nuestra Bogotá-región.
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