El pasado 31 de mayo se expidió el Decreto Distrital 131 de 2020 sobre “Lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C.” el cual establecía una obligación de registro por parte de las personas que ejecuten una actividad económica contemplada dentro de las excepciones a la restricción de circulación, en el marco del Decreto Distrital 749 de 2020, a través de la plataforma de Gobierno Abierto de la Alcaldía Mayor de Bogotá- GABO.
Este registro tenía como propósito el acreditar ante las autoridades de policía cuando una persona le estaba permitido circular por la actividad económica exceptuada de la medida de aislamiento. Desafortunadamente previo a la toma de esta medida no hubo la pedagogía y socialización necesaria para su puesta en marcha, por lo que aún se registra, en redes sociales y otros espacios, manifestaciones de desconfianza y preocupación ciudadana por el alcance que la administración distrital pueda darle al manejo, uso y conservación (tiempo de uso) de los datos personales ingresados, particularmente de las consecuencias sancionatorias que pudieran derivarse ante la falta de registro en esta plataforma. Así lo han manifestado, incluso, víctimas del conflicto armado, al tener que brindar información como la dirección personal, entre otras, ante el riesgo de eventuales filtraciones o georeferenciación.
De tal suerte que, ante la incertidumbre que persiste en medio de esta contingencia, y que salta a la vista ante este tipo de medidas que evidencian una falta de pedagogía y comunicación asertiva previa, es que encuentro necesario y preciso reclamar de la Administración Distrital una labor y gestión ciudadana mucho más coordinada e integral en materia de comunicación y pedagogía sobre el alcance y consecuencias de las medidas de control tomadas por ustedes para hacer frente a esta emergencia. Como parte de la bancada de gobierno en el Concejo de Bogotá y entendiendo las responsabilidades que tenemos sobre la toma de medidas por parte del gobierno distrital, extiendo el siguiente pronunciamiento resaltando dos puntos sobre el particular:
1) Finalidad, alcance y límites legales del registro como forma de control epidemiológico y de obtención de información para la toma de decisiones, congruente con una idea de Smart City y la importancia de la Agencia Analítica de Datos.
La información y los datos son fundamentales para una administración a la hora de tomar decisiones acertadas y eficientes al momento de hacerle frente a las contingencias, como la generada por el COVID-19. Ahora bien, por la información personal suministrada a las entidades públicas éstas tienen obligaciones en cuanto su manejo y uso conforme la ley. Basta señalar la Ley 1581 de 2012, cuyo objeto “desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos” (artículo 1º) recoge importantes principios y derechos que toda autoridad pública debe respetar en su manejo, principalmente la confidencialidad, seguridad, libertad del usuario para consentir su entrega y la finalidad que ésta tiene.
Frente a la última valdría la pena señalar que complementa los datos en materia del transporte público (tipo de medio de transporte) y la distancia a recorrer por parte de los ciudadanos (circuito dirección de residencia y trabajo) discriminado por actividades y jornadas (horario laboral y actividad exceptuada). Con esos datos la administración distrital puede tomar decisiones respecto al manejo de la movilidad, y la reactivación de las actividades económicas exentas, así como la identificación de lugares y horas donde la aglomeración de ciudadanos configure un vector de riesgo de contagio y transmisión del virus.
Por eso, es clave sobre el manejo de datos, la interconexión de sistemas y bases de datos, y especialmente la mejoría en la gestión pública con información en tiempo real. Afortunadamente Bogotá tendrá una Agencia Analítica de Datos que deberá contribuir no solamente a la depuración de las 34 bases de datos con que se valida la información de beneficiarios de política social vía SISBEN, sino que deberá ayudar a incorporar elementos de análisis epidemiológicos y de de la pobreza multidimensional para orientar la política pública basada en evidencia para lograr la creación de valor público mejorando la oferta institucional en salud, educación, vivienda, movilidad, atención a la tercera edad y transferencias condicionadas para la lucha contra la pobreza.
2) Pedagogía sobre el registro voluntario que sirva de llamado a la ciudadanía para el manejo de la epidemia conforme a la información y en cogestión con las alcaldías locales.
La administración distrital en coordinación con las alcaldías locales, al momento de implementar estas medidas, debe hacer pedagogía de forma que la ciudadanía pueda contribuir con el registro voluntario y con el seguimiento a focos de contagio como una veeduría ciudadana epidemiológica. Ello por la importancia de la información en el momento de la toma de decisiones. Siempre respetando la libertad y autonomía de quien lo suministra.
Hoy vemos que además de Kennedy hay riesgo en las localidades de Suba, Ciudad Bolívar y Engativá, razón por la cual será vital empezar a articularse con autoridades locales, líderes comunitarios y entidades del distrito a efectos de construir una misma hoja de ruta en beneficio de quienes habitan estas zonas en riesgo.
Valga decir que los bogotanos estamos aún lejos de apropiar acciones necesarias para la generación de hábitos de uso seguro y responsable de las TIC, sin embargo es el momento de trabajar junto con el sector privado, el tejido empresarial que prové grandes plazas de trabajo vital, y así desarrollar y potenciar buenas prácticas en ciberseguridad, movilidad inteligente y turnos de trabajo conforme a la estrategia Bogotá 24 Horas: la ciudad tiene que estar a tono con la 4ª Revolución Digital y esta pandemia nos da la oportunidad de avanzar en esa dirección.
