En el marco del encuentro “Bogotá Dialoga por la Paz”,dado en el marco de la Semana Por la paz, el Concejo de Bogotá fue escenario de un espacio de articulación social y política en el que se compartieron experiencias y se construyeron propuestas para impulsar la Mesa de Paz de Bogotá.
El evento fue convocado por Ana Teresa Bernal, reconocida por su trayectoria en procesos de paz y reconciliación, junto con más de diez organizaciones que respondieron al llamado, entre ellas la Red Nacional de Iniciativas Ciudadana por La Paz y Contra la Guerra (REDEPAZ), la Corporación Claretiana Normán Pérez Bello, la Corporación Comunitaria Cuyeca de Osun, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Fundación Justicia y Democracia, el Colegio Nacional de Jueces de Paz,Casa B, Usopaz, la Fundación Procrear, ABC PAZ, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia (capítulo sociedad civil), Fundación Paz y Reconciliación (PARES), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), y la Escuela Superior de Paz.
La jornada reunió a cerca de 50 organizaciones sociales que, tras un intenso diálogo sobre los retos de la ciudad frente a la violencia armada y la conflictividad social, presentaron y firmaron la “Proclama de Sociedad Civil de Bogotá”, un documento que se constituye en hoja de ruta para la acción política y ciudadana en defensa de la vida y la construcción de paz.
La Proclama: un pacto por la vida y la reconciliación
La proclama firmada recoge el sentimiento de las comunidades y organizaciones frente al impacto que ha tenido el conflicto armado y las violencias en la capital. En ella se advierte que, pese a no ser un territorio tradicionalmente rural, Bogotá ha sufrido de manera directa las mutaciones del conflicto, las economías ilegales y el crimen organizado, afectando especialmente a la juventud, a sectores empobrecidos y estigmatizados, y a comunidades enteras sometidas a múltiples formas de violencia.
La sociedad civil denunció el deterioro de la seguridad en la ciudad con base en cifras del año 2024, cuando la capital registró un incremento en los delitos de extorsión (63%), delitos sexuales (34%) y homicidios (11%), sumado a casos de desapariciones de niños, niñas y adolescentes, amenazas a líderes sociales y desplazamientos intraurbanos.
Frente a este panorama, las organizaciones exigieron respuestas estructurales que trascienden los modelos punitivos y represivos. “No se trata de convertir a la juventud en enemigo del Estado, sino de garantizar derechos, oportunidades y dignidad”, señala uno de los apartados de la proclama.
Ruta de Acción Política por la Paz
El documento firmado por las organizaciones plantea una agenda mínima de acción en torno a cinco ejes:
- Activar el campo humanitario en Bogotá, priorizando la atención a poblaciones vulnerables y exigiendo la aplicación efectiva del principio de humanidad por parte del Estado y la sociedad.
- Reconocer el papel de la sociedad civil en la construcción de paz, invitando a los gobiernos distrital y nacional a escuchar y articular las iniciativas ciudadanas como actores legítimos en la superación de violencias.
- Adoptar el camino del diálogo como herramienta para el desescalamiento de las violencias armadas y como base para la participación en procesos de negociación y sometimiento.
- Fortalecer los mecanismos de esclarecimiento de la verdad, especialmente sobre los hechos del estallido social y casos recientes de desaparición forzada, persecución a líderes y hostigamientos.
- Profundizar la política pública de territorios de paz, con estrategias, programas y presupuesto orientados a la prevención de la conflictividad social y armada en las zonas más afectadas por el crimen y las violencias.
Mesa de Paz de Bogotá
Como uno de los resultados más importantes del encuentro, se anunció el impulso de la Mesa de Paz de Bogotá, un espacio de articulación permanente que busca sumar a más organizaciones, procesos sociales y ciudadanos comprometidos con la reconciliación, la defensa de la vida y la garantía de no repetición.
El evento contó con la presencia de instituciones garantes como el Personero de Bogotá, Andrés Camargo, la Defensora del Pueblo Regional Bogotá, Lina García, así como de Patricia Padilla, directora de Paz y Reconciliación, y Diana Ibáñez, de la dirección de Derechos Humanos.
En el cierre, las organizaciones hicieron un llamado urgente a la unidad social y política en defensa de la vida:
“Bogotá requiere esfuerzos de todos los sectores para encaminarse en la senda de la reconciliación. La paz en la ciudad será posible si se construye desde abajo, con la voz de la sociedad civil y con el compromiso real de las instituciones”.
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