El concejal de Bogotá, Marco Acosta, concluyó el debate de control político sobre el incremento del salario mínimo del 23,7%, reiterando que desde esta curul se había advertido que la decisión, adoptada sin el debido rigor técnico, terminaría generando consecuencias fiscales y jurídicas para el país y para la ciudad. La suspensión provisional del decreto por parte del Consejo de Estado confirma que el escenario planteado durante el debate no era una especulación, sino una posibilidad real.
En su intervención, el cabildante cuestionó que el Gobierno Nacional omitiera variables determinantes como la productividad nacional, los niveles de informalidad, el crecimiento económico y la crisis fiscal actual; además, señaló que no se tuvieron en cuenta de manera equilibrada las propuestas de los gremios empresariales ni la solicitud inicial de los sindicatos, que partía de un 16%, y que se tomó como base únicamente el informe de la OIT —que era apenas un punto de partida para la negociación— para luego redondear cifras sin dimensionar el impacto integral de la medida.
Acosta explicó que el salario mínimo tiene un efecto directo sobre el presupuesto distrital y genera una presión fiscal que no puede desconocerse: más de 90 contratos del IDU podrían desequilibrarse, siete proyectos nuevos del Plan de Desarrollo estarían en riesgo de no ejecutarse y se verían comprometidos kilómetros de malla vial, espacio público y puentes clave para la movilidad. En educación, el transporte escolar requeriría más de $10.400 millones adicionales y el Programa de Alimentación Escolar tendría un impacto cercano a $24.600 millones; mientras que en salud, las subredes enfrentarían un desbalance superior a los $115.000 millones, afectando la operación de hospitales y la calidad del servicio, en medio de la crisis estructural en la entrega de medicamentos.
El concejal enfatizó que Bogotá no soporta una nueva reforma tributaria ni mayor endeudamiento, especialmente en un contexto donde el costo de vida golpea con fuerza a las familias. Por ello, insistió en que la salida no puede ser trasladar más cargas al contribuyente, sino ejercer liderazgo regional para atraer inversión, promover ruedas de negocio y reactivar la economía. “Lo advertimos: iba a pasar. Las cifras estaban sobre la mesa y hoy la realidad lo confirma”, concluyó.
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