En un contundente debate de control político en el Concejo de Bogotá, José Cuesta Novoa, cabildante por Colombia Humana – Pacto Histórico, cuestionó a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán por el incumplimiento de la Política Pública Distrital de Gestión Integral de Talento Humano 2019-2030. “Todo indica que no se está cumpliendo”, afirmó Cuesta, quien denunció que la tercerización laboral sigue siendo la norma en la ciudad, como ocurrió durante las administraciones de Enrique Peñalosa y Claudia López.
José advirtió que la actual administración continúa con una política laboral regresiva: contratos de prestación de servicios que no garantizan derechos, estabilidad ni condiciones dignas para miles de trabajadores. Recordó que el Artículo 100 del Plan Distrital de Desarrollo obliga a la Alcaldía a formalizar el empleo público, pero el plan correspondiente brilla por su ausencia. Mientras de 2020 a 2023 se crearon 3.757 empleos públicos, la meta para 2024-2027 es apenas de 2.000. ¿Retroceso, desinterés o falta de voluntad política?
En su intervención, el cabildante de Colombia Humana también denunció la alarmante ausencia de políticas de inclusión laboral en el Distrito. De los contratos registrados, apenas el 0,5 % corresponde a personas con discapacidad. “¿Dónde están las políticas de inclusión laboral?”, preguntó. Cuesta expresó su sueño de que Bogotá logre incorporar laboralmente a personas con síndrome de Down, como ya ocurre en varios países europeos. Además, respaldó con firmeza la iniciativa presidencial de establecer una cuota mínima obligatoria: “¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?”
El concejal reveló que el Distrito cuenta actualmente con 116.549 trabajadores: 65.477 son servidores públicos y 51.072 están vinculados mediante contratos de prestación de servicios, lo que equivale aproximadamente al 2,8 % de la población ocupada de Bogotá. De esos 51.072 contratistas, el 26,6 % trabaja en el sector salud (13.634 personas), seguido por el sector de Integración Social, que concentra el 15,14 % (7.730 contratos). Frente a estas cifras, Cuesta lanzó una pregunta contundente: “¿Podemos hablar de una verdadera política del cuidado mientras se sostienen estos modelos de tercerización laboral?”
En relación con los Centros de Atención de la Secretaría de Integración Social, el cabildante denunció que los contratistas laboran bajo condiciones precarias, con turnos rotativos y sin ser reconocidos como parte del personal oficial. “Los operadores tercerizan la atención del cuidado, sin ningún reconocimiento pleno a los derechos laborales de quienes sostienen estas labores esenciales”, afirmó Cuesta con preocupación.
José Cuesta también denunció la crítica situación en los Fondos de Desarrollo Local (FDL), donde toda la operación se apoya en contratistas sin garantías laborales, sin estabilidad y sin derecho a la organización sindical. La tercerización laboral se ha institucionalizado en el Distrito. “¿Por qué hay más de 1.000 contratistas en una localidad y menos de 30 en otra como Fontibón? ¿Estamos frente a una bolsa de empleo clientelista?”, cuestionó el concejal de Colombia Humana.
En el desarrollo del debate, el concejal de la Colombia Humana evidenció la grave contradicción entre la ostentosa inversión pública y la precarización laboral. “Mientras se destinan 23,9 billones de pesos a la primera línea del metro, cientos de obreros tercerizados son obligados a trabajar hasta 14 horas al día y ni siquiera reciben su pago. Son los esclavos del siglo XXI”, afirmó.
En relación con la Secretaría de Educación, el cabildante criticó el hostigamiento hacia los docentes sindicalizados. "El trabajo digno implica respetar el derecho a la organización sindical. No se puede hablar de democracia laboral mientras se reprime a quienes ejercen este derecho fundamental", expresó. Cuesta recordó el caso del colegio Policarpa Salavarrieta, donde los docentes se vieron obligados a suspender clases debido a las precarias condiciones laborales impuestas por la Alcaldía.
José Cuesta Novoa también presentó un panorama preocupante sobre la situación en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB): solo el 17 % de sus trabajadores son directos, mientras que el 83 % están tercerizados. Cuesta advirtió sobre el intento de la actual presidencia de la ETB de transformar la empresa sin pasar por el Concejo: “La ETB es una empresa pública en un 86,36 %. Cualquier transformación debe ser discutida democráticamente”.
Finalmente, el concejal de Colombia Humana propuso mirar modelos exitosos como el de ANTEL, en Uruguay, que ha demostrado que lo público, bien gestionado, sí funciona. “La transformación digital no puede servir de excusa para precarizar aún más a los trabajadores históricos ni para desmantelar el patrimonio público de los bogotanos”, concluyó Cuesta.
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