En Bogotá se habla de Transmilenio todos los días. Se habla de colados, colapsos, retrasos, tarifas altas, vandalismo, quejas, inseguridad, etc. Sin embargo, hay un tema que no es tan recurrente, excepto cuando estalla algún escándalo; hablo de la CORRUPCIÓN (así, en mayúsculas). Y es que los ciudadanos, con toda la razón, están más preocupados por los problemas que deben enfrentar en este medio de transporte que por enterarse de otro caso más de corrupción ante el que se sentirán impotentes. Ahora bien, lo que quizá no tienen claro es cuánto los afecta directamente la corrupción, más allá de la indignación e impotencia que genera, pues muchos de estos problemas están estrechamente ligados a ella.
La corrupción en Transmilenio tiene consecuencias devastadoras. Por un lado, implica la malversación de dineros públicos, lo que afecta la calidad del servicio para los usuarios. Además, los costos adicionales que resultan de la corrupción recaen en ellos traducidos en tarifas más altas, algo que dificulta el acceso al servicio para quienes más lo necesitan. Como si fuera poco, si los recursos se desvían, la probabilidad de que se invierta en mantenimientos y mejoras de buses y de infraestructura del sistema se reduce sustancialmente, lo que puede generar otro tipo de inconvenientes, como retrasos, accidentes y diversas situaciones que afectan la calidad de vida y la seguridad de los usuarios.
La inmensa falta de transparencia y control en la gestión de los procesos de contratación, desde luego, no se puede pasar por alto. Con frecuencia, los procesos de selección de proveedores y contratistas no son claros y no se basan en criterios sensatos, facilitándole a los corruptos acceder a contratos y licitaciones por medio del fraude. Transmilenio es un objetivo muy llamativo para lucrarse, pues debido a su inmensa demanda y al volumen de presupuesto que mueve (2.9 billones al año), muchos corruptos buscan, a como dé lugar y utilizando todo tipo de entramados y artimañas, obtener un contrato o una licitación que llene aún más sus ya nutridas arcas, sin importar las consecuencias que esto pueda traerle a la ciudadanía.
En relación con lo anterior, el escándalo más sonado de presunta corrupción de los últimos tiempos es el del contrato de concesión del SIRCI, el cual valga recordar no solamente contempla obligaciones relacionadas con el recaudo del Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), sino adicionalmente obligaciones esenciales como por ejemplo entre otras el “Control de Flota” del cual depende el poder “monitorear automáticamente la ejecución del servicio que está prestando cada bus en su ruta” a efectos de poder establecer adecuadamente la programación de flota para atender la demanda de pasajeros, del SITP, obligaciones estas que me atrevería a decir que en la realidad no se están cumpliendo correctamente , ante las múltiples quejas de los usuarios. Pues bien, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los señores Javier y Carlos Ríos Velilla, y a su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos, por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. El contrato fue adjudicado en la Administración de Samuel Moreno, y desde esa época realicé varios debates denunciando las presuntas irregularidades, tanto que recuerdo que haciendo dicho debate cortaron la transmisión de la sesión de un momento a otro.
La más reciente noticia señala que existen más implicados por las presuntas irregularidades en el contrato; el exgerente de Transmilenio, Jairo Fernando Páez Mendieta, y, Nohora Patricia Acero, quien fungió inicialmente como representante de la promesa de sociedad futura Recaudo Bogotá durante todo el proceso licitatorio del SIRCI hasta su adjudicación, y posteriormente como su representante legal a la suscripción del respectivo contrato de concesión 001 de 2011 e inicio del mismo.
El tiempo se ha encargado de darme la razón. Últimamente he señalado, en reiteradas ocasiones: ¿qué va a pasar en el momento en el que las autoridades judiciales competentes, declaren la nulidad del contrato y, por ende, su terminación anticipada? A la fecha, le he solicitado a la Administración un plan de contingencia en caso de que se presente esta situación, pero no he obtenido respuesta de fondo, por parte de los gerentes de Transmilenio. El tiempo apremia y no se puede improvisar, pues los efectos para la ciudad serían nefastos e incalculables. La situación es tan delicada que se podría paralizar el transporte público de la ciudad.
Finalmente, es importante señalar que el panorama de Transmilenio es de permanente déficit y se ha requerido de los impuestos, deuda de la ciudad y recorte de la inversión. La Secretaría Distrital de Hacienda transfirió recursos al Fondo de Estabilización de Tarifaria -FET- entre el 2011-2020, para cubrir el déficit de 6.8 billones de pesos. Y entre 2021-2031 se requerirá de 20 billones, ¡el costo de una de las líneas del Metro!
Debemos seguir firmes contra todo tipo de corrupción, y en el caso de Transmilenio, “bajarla del bus”, como se dice en Bogotá. Esto implica una mayor vigilancia de los procesos de licitación y contratación, así como un control mucho más estricto y eficaz en la ejecución de los recursos y la rendición de cuentas por parte de los administradores del sistema. Además, resultaría de gran ayuda que, tanto usuarios como empleados, tuvieran claro que pueden denunciar cualquier acto de corrupción, a través de los canales idóneos, para que podamos trabajar de la mano en este tema que nos compete y nos afecta a todos.
CONCEJAL DE BOGOTÁ
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