En la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, se ha aprobado en primer debate el Proyecto de Acuerdo 211 de 2020 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la formulación de la Política Pública Distrital de Vendedores Informales y se dictan otras disposiciones”, de autoría del concejal Fabián Puentes, para el cual la concejala Ati Quigua fue designada como ponente, tras haber sido devuelto el 22 de enero de 2021 por la Plenaria para su revisión integral, labor abordada desde el mes de febrero junto a su equipo, para realizar una construcción conjunta de la mano de las organizaciones de vendedores informales, junto a las y los concejales que integraron la Comisión Accidental creada para concertar con la Administración Distrital, esta importancia iniciativa de acuerdo para esta amplia población de la ciudad.
Llegada la discusión en comisión, la concejala Ati Quigua, puso en el debate público la necesidad de partir de la definición de trabajadores de la economía informal, como una dignificación de la labor que realiza esta amplia población, además porque como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo – OIT: “todo el que trabaja tiene derechos laborales, independientemente de dónde trabaje”. Además, porque debe atenderse a la diversidad y la heterogeneidad de esta población, que generalmente enfrenta situaciones de vulnerabilidad y de estigmatización por la labor que realizan, pese a representar casi el 40% de la economía de la ciudad y del país.
La discusión del proyecto de acuerdo sobre la economía y trabajo informal, se tornó en el gran esfuerzo por concertar los diferentes puntos de vista en la Comisión Accidental que se conformó para este fin, y entendiendo la necesidad de esta población de contar con la Política Pública, objeto de los lineamientos del presente Acuerdo, para lo cual se convino dejar la denominación de vendedores informales, ya definida por la Ley 1988 de 2019, dejando la constancia que es necesario avanzar hacia Políticas Públicas cada vez más integradoras e incluyentes, llamando la atención que el Congreso de la República, en dicha Ley, restringió su objeto a los vendedores informales, excluyendo una amplia población de trabajadores informales, como la población que realiza prácticas artísticas, artesanales, culturales y patrimoniales en el espacio público, lo cual ocasiona nuevas formas de discriminación y puede abrir la posibilidad de que los ciudadanos que consideren conculcados sus derechos fundamentales presenten una serie de acciones de tutela.
La concejala Ati Quigua defendió igualmente el derecho a la ciudad de los vendedores informales respecto al espacio público en el sentido que antaño le dio la Corte Constitucional en la Sentencia No. T-238 de 1993 que los bienes de uso público “no lo son por el hecho de su destinación a la prestación de un servicio público sino por pertenecer su uso a todos los habitantes del territorio”.
A lo largo del articulado se dieron sendos debates respecto a que los vendedores informales cuenten con un marco de derechos como a la seguridad social, al trabajo en condiciones dignas, a la promoción del derecho a la libre asociación, a su no estigmatización, a la oportunidad de acceder a oportunidades educativas, laborales, empresariales y financieras.
Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T-067 de 2017 aclaró que la opción legítima de los trabajadores informales no consiste en que se les "transforme" en formales sino en garantizar unas condiciones de trabajo dignas y decentes, y que informalidad no es lo mismo que ilegalidad.
Advirtió la concejala indígena de Bogotá, que es necesario y urgente la inclusión de los vendedores informales en la ulterior Política Pública debe atender la diversidad de características, circunstancias y necesidades de la población, así como la diversidad de actividades, prácticas y dinámicas artísticas, artesanales, culturales y patrimoniales, a partir de enfoques diferenciales. Añadió que tal Política Pública, debe ser ampliamente participativa, plural y concertada, en la cual la población de vendedores y vendedoras informales sientan recogidas sus justas aspiraciones y así materializar progresivamente sus derechos, a pesar de las limitaciones legislativas.
Para concluir un debate que pasará a la Plenaria del Concejo de Bogotá, la concejal Ati Quigua refirió que, de cara al Plan de Ordenamiento Territorial, las discusiones sobre el espacio público, el derecho a la ciudad, los derechos y al territorio serán temas que deben convocar a toda la ciudadanía, cuyas opiniones y concurso debe ser a través de participación efectiva e incidente invitando a la discusión
Vea la sesión final del debate del Proyecto de Acuerdo 211 de 2021
Página web: https://atiquigua.co/
