Durante la plenaria del Concejo de Bogotá, en el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 1004 de 2025 que define el presupuesto distrital para 2026 la concejala Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico, advirtió que el proyecto presentado por la Administración Distrital “profundiza un modelo de inversión corporativista, orientado a favorecer al negocio de la construcción, desconectado de un sistema de transporte moderno, viable y coherente con la crisis ambiental que atraviesa la ciudad”.
Para Bernal, la propuesta de presupuesto no solo evidencia una visión de ciudad centrada en grandes obras, sino que consolida un modelo de gobierno autoritario, donde las prioridades presupuestales no dialogan con las necesidades reales ni con las urgencias estructurales de la ciudadanía.
“El presupuesto abandona a las comunidades más vulnerables —señaló— mediante la creciente focalización de los programas solo hacia la pobreza extrema, el desmonte progresivo de la educación superior pública, el debilitamiento de la Caja de Vivienda Popular y la ausencia total de una política integral de vivienda para hogares en riesgo e informalidad”.
Una señal política preocupante: más gasto administrativo, menos inversión social
Uno de los puntos más críticos expuestos por la concejala fue el incremento del gasto administrativo en detrimento de la inversión social, ambiental y comunitaria.
“El presupuesto envía una señal política alarmante: en un año electoral, mientras se reduce la inversión social, aumenta el gasto administrativo. Es necesario preguntarse si la Administración está inflando la burocracia, arriesgándose a convertir estos recursos en plataformas de favores y cuotas políticas”, afirmó.
Este desequilibrio, advirtió Bernal, pone en riesgo programas estratégicos para la ciudad y refleja una desconexión profunda del gobierno distrital con los retos contemporáneos de Bogotá.
Un presupuesto que no reconoce las crisis reales de la ciudad
La concejala señaló que el proyecto evidencia una grave omisión: no reconoce la magnitud de las crisis que enfrenta Bogotá. Entre ellas:
- Movilidad colapsada
- Inseguridad creciente
- Gestión deficiente de residuos
- Déficit habitacional y aumento de asentamientos informales
- Deterioro ambiental y falta de una política climática robusta
“Si la Administración niega estas crisis, difícilmente podrá gestionarlas. Vemos un gobierno alejado de la realidad de los bogotanos”, afirmó Bernal.
Sobre Guardianes del Orden: un modelo inconstitucional
Bernal reiteró sus advertencias sobre el programa Guardianes del Orden, insistiendo en que este modelo “es constitucionalmente problemático, pues la seguridad y el control del orden público no pueden estar en manos de civiles. Son funciones exclusivas del Estado”.
La concejala propuso redireccionar los $109.124 millones asignados a este programa hacia:
- Fortalecimiento de gestores de convivencia
- Programas de pedagogía de paz
- Iniciativas de mediación comunitaria
“Bogotá necesita una política de seguridad humana, no esquemas privatizados que desdibujan la responsabilidad estatal”, añadió.
Déficit grave en política de vivienda y desfinanciamiento de la Caja de Vivienda Popular
Bernal recordó nuevamente el vacío estructural del Distrito en materia de vivienda social. En el análisis del PA 842 de 2025 ya había advertido que Bogotá carece de una política clara y sólida en vivienda, lo cual se agrava con la reducción presupuestal a la Caja de Vivienda Popular.
“La falta de voluntad política para atender a los hogares más vulnerables es evidente. No hay una estrategia de reasentamiento digna, ni soluciones para familias en zonas de alto riesgo o en asentamientos informales”, dijo.
La concejala solicitó a la Administración especificar:
- Cuántas familias están, hoy, en zonas de alto riesgo no mitigable
- Cuántas serán atendidas en 2026
- En qué polígonos se intervendrá
- Bajo qué enfoques diferenciales para víctimas y población étnica
- Cuántos subsidios de vivienda han recibido víctimas del conflicto en 2025 y cuántos se proyectan para 2026
Sector Ambiente: incremento del gasto de funcionamiento y reducción de la gestión ambiental
Bernal denunció que el presupuesto ambiental del Distrito no responde a una visión de justicia ambiental, sino a una lógica administrativa centrada en infraestructura.
“El presupuesto del sector ambiente reduce recursos en educación y participación ciudadana, calidad del aire y fortalecimiento institucional. Esto contradice completamente las necesidades de Bogotá frente a la crisis climática”, afirmó.
Además, cuestionó el aumento del 225,26% en los rubros de “Fortalecimiento institucional para la gestión ambiental” y otras líneas administrativas, solicitando claridad sobre si este incremento corresponde a una reestructuración interna o a un uso discrecional no justificado.
Preguntas orientadoras presentadas en plenaria
Durante su intervención, Bernal solicitó respuestas claras a la Administración Distrital sobre temas estratégicos como:
- Rubro proyectado para la Política Pública de Barrismo Social
- Razones por las cuales no se contemplaron recursos del presupuesto para el Regiotram del Norte
- Valor proyectado para la Línea 2 del Metro y si la Línea 3 cuenta con financiación
- Avance de metas del plan de inclusión e integración local al 2025
- Subsidios de vivienda para víctimas del conflicto
Objeciones constitucionales y jurídicas a los artículos 31, 44 y 45 del proyecto de presupuesto
La concejala informó a la plenaria que radicó tres proposiciones supresivas debido a que los artículos 31, 44 y 45 del proyecto violan principios constitucionales, presupuestales y orgánicos.
Artículo 31: facultades excesivas al alcalde
Según Bernal, este artículo:
- Desnaturaliza competencias del Concejo (Art. 313 de la Constitución y Art. 12 del Decreto 1421 de 1993)
- Podría vulnerar el principio de especialidad del gasto (Art. 345 C.P.)
- Desconoce el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 714 de 1996)
- Delegaría indebidamente competencias reservadas al Concejo, CONFIS y Secretaría de Hacienda
“¿De qué se rasgan las vestiduras aquí, si se entregan facultades propias del Concejo?”, cuestionó Bernal.
Artículo 44: un intento de reforma tributaria encubierta
Bernal afirmó que este artículo constituye una mini reforma tributaria disfrazada de norma presupuestal, violando:
- Principio de unidad de materia
- Principio de especialidad presupuestal
- Principio de legalidad tributaria
“La Administración intentó tramitar esta modificación en el proyecto de reforma tributaria que fracasó en el Concejo. Hoy intentan incluirla por la puerta de atrás en el presupuesto. Esto es abiertamente inconstitucional”, señaló.
Artículo 45: un “mico” tributario ajeno al presupuesto
Este artículo introduce normas permanentes del régimen tributario del Distrito, sin relación con la ejecución del presupuesto 2026.
Bernal explicó que su contenido:
- Regula una materia autónoma
- No está vinculada al presupuesto
- Rompe el principio de unidad de materia
- Contradice la jurisprudencia de la Corte Constitucional
“Los proyectos de presupuesto no pueden contener reformas tributarias ni ajustes permanentes. La Administración está forzando una vía que desconoce la Constitución”, enfatizó.
Para Bernal, el presupuesto 2026 no responde a las urgencias sociales, ambientales y territoriales de Bogotá. En cambio, consolida un modelo corporativista y centralizado, que incrementa el gasto administrativo, desfinancia la política social, introduce “micos” tributarios y desplaza las prioridades ciudadanas.
La concejala reiteró que continuará haciendo control político firme desde el Pacto Histórico para evitar retrocesos en derechos sociales, ambientales y comunitarios, y exigió a la Administración rectificar el rumbo del presupuesto para garantizar una Bogotá más justa, democrática y humana.
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