Desde julio del año pasado, el Ministro de Salud señaló que Colombia estaba trabajando con la alianza COVAX para garantizar el acceso justo y equitativo a las vacunas, y que al igual se había firmado un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y con AstraZeneca para empezar las negociaciones de compra.
Ya en octubre, explicó en un control de debate político ante la Comisión Séptima del Senado de la República, que Colombia decidió optar por el máximo cupo en COVAX que es el 20% de la población colombiana, algo más de 10 millones de personas, y que el país había adquirido un compromiso por 213 millones de dólares para garantizar la compra de las vacunas con la intención de adquirirlas y distribuirlas de manera gratuita a la población.
En diciembre, el mismo Ministro de Salud, afirmaba que el Gobierno Nacional había firmado el 16 de ese mes el contrato de AstraZeneca por 10 millones de dosis, y el 17 con Pfizer por la misma cantidad. Además, desde el 30 octubre se suscribió el acuerdo multilateral con el mecanismo COVAX por 20 millones de dosis, para un total de 40 millones que llegarían a Colombia en el 2021, haciendo un alistamiento durante enero, y la vacunación masiva se estaría iniciando en febrero.
Pero desde hace varios días organismos de control, oposición y activistas han insistido para que el Gobierno haga públicos los contratos a través de los cuales se han adquirido las vacunas de Covid- 19 en el país, por lo cual el presidente ha salido a decir en medios que aún no se ha firmado ningún contrato y que lo estarían haciendo en los próximos días. Es decir, aún seguimos a la espera de la confirmación de la compra de las vacunas y cómo se realizará su distribución en cada una de las etapas de acuerdo con un cronograma concreto, el cual tendremos una vez ya se tengan aseguradas las dosis a comprar con las farmacéuticas y por medio del COVAX.
Otra preocupación apareció este martes 12 de enero cuando el Ministerio de Salud publicó el borrador del decreto que establece el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, donde en el artículo 22 destaca que se permitiría que privados negocien, adquieran, importen y comercialicen vacunas. Según el documento, los privados podrán hacerlo después de terminada la fase 1 de vacunación (enfocada a trabajadores de la salud, mayores de 60 años y ciudadanos con comorbilidades).
De acuerdo con dicho plan enfatizo en que se debe garantizar la universalidad del derecho a la salud que se materializa con el acceso a las vacunas para todos los colombianos.
Solo se podrán importar las vacunas que tengan autorización de uso de emergencia expedida por el Invima. Cabe mencionar que, hasta el momento, solo Pfizer tiene ese aval. Dicha decisión de ser avalada profundizaría la desigualdad y la inequidad. El acceso a la salud debe garantizarse de manera eficaz, universal y solidaria tal como lo establece el régimen internacional, la Constitución Política de Colombia (Art 49), y la ley estatutaria 1751 de 2015.
Invito a que Gobierno Nacional impulse la investigación científica en los diferentes entes territoriales, esto dadas las falencias actuales; Bogotá también debe hacerlo con especial énfasis en la investigación del Covid 19 y nuevos virus que la Organización Mundial de la Salud informa pueden sobrevenir. También es importante apoyar la fabricación de respiradores y que el Invima sea más expedito en la revisión y licencias de estos equipos para habilitar más UCIs.
Nos interesa en salud, su planeación en atención inmediata a pacientes, la situación es muy variable cada hora, cada día, cada semana, lo que hace que responder de forma oportuna a las necesidades sea muy dispendioso. Considero que el Gobierno Distrital ha estado a la vanguardia de la variabilidad de medidas para atención en salud actual contra el COVID y que es tarea de los ciudadanos cumplir las medidas y establecer estrategias de autocuidado.
Es importante que el gobierno distrital garantice el acceso de la vacuna a los más pobres y vulnerables, que tampoco pueden quedar sin acceso a la inmunización.
Los ciudadanos necesitan claridad en el manejo de la información y las cifras, si bien sobrepasamos el 90% de ocupación de UCIs Covid, se requiere que las entidades del gobierno nacional y distrital, así como los entes de control establezcan herramientas de medición que den cuenta confiable de la verdadera situación de los hospitales y de los contagiados.
Otro de los temas es la falta de personal para operar UCI, pero esto se sabía desde febrero de 2020, hace casi un año, tiempo suficiente para generar convenios de formación para que personal de la salud se capacitara al menos para el manejo específico de Covid entre mayo y diciembre del 2020.
Desde la presidencia del Concejo de Bogotá seguiré garantizando el debate, la crítica constructiva y las iniciativas que beneficien a todos los ciudadanos.
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