- El Proyecto de Acuerdo presentado por el concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui, contempla que quienes estén siendo investigados por realizar actos vandálicos en las manifestaciones públicas pierdan cualquier beneficio y/o subsidio que estén recibiendo de la Administración Distrital.
- En las protestas sociales del 2021 los daños por el vandalismo durante las manifestaciones ascendieron a más de 22 mil millones de pesos. El sistema de transporte público quedó afectado en un 44% con 103 estaciones destruidas. Dinero que para su recuperación sale del bolsillo de los bogotanos.
El Proyecto de Acuerdo radicado en el Concejo de Bogotá busca que quienes sean investigados por actos de vandalismo, es decir aquellos que, en el marco de la protesta social, realicen conductas violentas contra el patrimonio público o privado, o que atenten contra la vida e integridad de los uniformados de la fuerza pública o la población civil, les sean suspendidos los beneficios educativos y demás subsidios que ofrece el Distrito Capital.
“Es inconcebible que la Alcaldía Mayor de Bogotá siga otorgando beneficios a terroristas urbanos. Aquellos que se expresan con violencia deben responder ante la justicia y perder todo subsidio. Los bogotanos no pagan impuestos para financiar criminales” aseguró el concejal Julián Uscátegui.
Con la aprobación de este proyecto se faculta a las entidades distritales, encargadas de la gestión de programas de formación educativos y sociales, para declarar la suspensión provisional de los beneficios a aquellos beneficiarios que estén siendo investigados en un proceso penal o policivo, como resultado de su presunta participación en delitos o contravenciones cometidos durante una manifestación pública. Las entidades distritales deberán implementar un procedimiento específico que otorgue las garantías del debido proceso en la imposición de la suspensión provisional.
“El acceso a programas de educación superior no es un derecho absoluto. Los beneficiarios deben cumplir con los deberes y responsabilidades que exigen la constitución y la ley. Este proyecto busca proteger la protesta social, desincentivando las expresiones violentas en las manifestaciones públicas”, enfatizó el concejal Uscátegui
El tiempo de la suspensión de los beneficios estará directamente vinculado a la duración del proceso penal o policivo que involucre al beneficiario. Una vez esclarecida la situación jurídica culminado el proceso respectivo, se revisará la suspensión permitiendo retomar los beneficios en caso de resultar absuelto o exonerado de las acusaciones formuladas. En caso contrario, si el beneficiario es hallado responsable podrán ser retirados definitivamente.
Cada manifestación en la ciudad deja millonarias pérdidas para la ciudad. Solo la semana pasada, el incendio a un bus del SITP en medio de las protestas de la Universidad Distrital, dejó daños por más de 700 millones de pesos. En el año 2021, se presentaron destrozos a 151 infraestructuras gubernamentales,28 peajes, 4 básculas de pesajes, 25 bienes culturales,150 cámaras de seguridad, 55 cámaras de foto multa,111 semáforos, 679 instalaciones policiales, 536 vehículos policiales, 438 establecimientos comerciales privados, 456 oficinas bancarias, 1201 vehículos de transporte público,236 estaciones de transporte público, 21 motos particulares,91 estaciones de servicios y 432 cajeros automáticos.
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