- Entre enero y octubre de 2025, 101 personas resultaron lesionadas durante movilizaciones; el 70% de los heridos no eran manifestantes.
- Entre 2023 y 2025, 3.920 buses del Sistema Integrado de Transporte fueron vandalizados: uno de cada tres buses del sistema ha sido atacado en solo tres años.
- El Proyecto de Acuerdo presentado por el concejal Julián Uscátegui contempla restricciones de acceso a eventos masivos para personas con antecedentes comprobados de vandalismo.
El concejal Julián Uscátegui reveló las alarmantes cifras de vandalismo que hoy afectan a Bogotá, impulsadas por la falta de autoridad, la baja inversión en seguridad y la mínima ejecución presupuestal de la Secretaría de Seguridad.
En lo corrido de 2025 se han registrado 1.559 movilizaciones, de las cuales 72 derivaron en actos vandálicos que requirieron intervención de la Fuerza Pública. En estos hechos, 101 personas resultaron lesionadas, de las cuales 71 eran ciudadanos, contratistas o integrantes de la Fuerza Pública, lo que demuestra que el 70% de los heridos no eran manifestantes. Las localidades con mayor número de afectaciones entre 2021 y 2025 fueron Teusaquillo (100 casos), Kennedy (67), Santa Fe (62), Chapinero (45) y Suba (42).
El deterioro del transporte público también refleja la magnitud del problema. Solo en 2025, 1.510 buses y 10 estaciones del Sistema Integrado de Transporte han sido vandalizados, representando la cifra más alta del periodo reciente. La ciudad ha debido invertir más de 102 millones de pesos en reparaciones.
“Bogotá no puede seguir normalizando el vandalismo. Los ciudadanos están pagando con su seguridad y con sus impuestos la falta de autoridad de la administración”, afirmó el concejal Uscátegui.
Ante este panorama, el cabildante radicó en el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que busca establecer lineamientos claros para la prevención, control y sanción del vandalismo en la ciudad. La iniciativa propone que la Administración pueda restringir el acceso a conciertos, partidos de fútbol y eventos culturales a personas con antecedentes comprobados de vandalismo, con el fin de evitar que quienes han protagonizado agresiones o daños al patrimonio participen en actividades masivas sin consecuencias.
El proyecto también plantea el uso de cámaras corporales por parte del Equipo de Diálogo y Convivencia para garantizar transparencia en su intervención durante manifestaciones; el fortalecimiento de la interoperabilidad del C4 con entidades distritales y nacionales para mejorar la capacidad de respuesta; y la creación de un Registro Público de Actos Vandálicos que permita organizar información clave sobre daños, agresiones y posibles organizaciones responsables.
“Este proyecto le da herramientas reales a la ciudad para frenar a los vándalos. No podemos permitir que unos pocos sigan destruyendo el patrimonio de todos con total impunidad”, enfatizó Uscátegui.
Asimismo, se contemplan incentivos ciudadanos para quienes aporten información que facilite la identificación y judicialización de los responsables.
Finalmente, la Secretaría Jurídica Distrital y la Fiscalía General de la Nación coordinarán estrategias conjuntas para asegurar la investigación, judicialización y reparación de los daños ocasionados por actos vandálicos.
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