La reunión con los comerciantes informales de la capital y la Administración Distrital se desarrolló alrededor de la polémica Resolución 1183, emitida el 26 de noviembre por la secretaría de Gobierno del Distrito Capital.
A esta asistieron aproximadamente cincuenta líderes de comerciantes informales, el Concejal Lui Carlos Leal, el subsecretario de la Secretaría de Gobierno José David Riveros, el Director del Instituto para la Economía Social (IPES), Libardo Asprilla, Bomberos Bogotá y el Director Convivencia y Diálogo Social, Néstor García y tres Ediles de Bogotá por el Partido Alianza Verde: Hernando Franco de Santa Fe, Carlos López de Antonio Nariño, Omar Riaño de Teusaquillo.
Los compromisos a los que se llegaron después de cuatro horas de diálogo fueron los siguientes:
1. La administración reconociendo no haber concertado previamente dicha Resolución, se comprometió a socializar y concertar previamente las venideras.
2. Habrá una mesa de trabajo amplia donde se pueda escuchar permanentemente a trabajadores informales, para avanzar en el desarrollo de una política pública para este sector.
3. Se realizará una reforma, inclusive una posible revocatoria de la Resolución 1183 total o parcial, principalmente del artículo de prohibiciones de uso de cilindros de gas, para el comercio informal durante la temporada decembrina.
4. Hasta no tener esta reforma o derogatoria a la Resolución no se podrán adelantar operativos que vulneren el derecho al trabajo por la Policía Distrital amparados en esta Resolución.
El Concejal Luis Carlos Leal de la Bancada Activista en el Partido Alianza Verde aseguró que "estos espacios de participación deben ser el inicio para la creación colectiva de políticas en beneficio y protección de la comunidad, además reveló que adelantan una tutela que pretende derogar esta resolución pues vulnera el derecho al trabajo".
Leal se comprometió a hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y a continuar concertando encuentros con la ciudadanía para socializar los avances en los mismos.
Los líderes de los vendedores informales esperan a que la Administración cumpla con lo pactado y a su vez que la Policía no los vayan a multar o les quiten sus implementos de trabajo.
