Se instaló en el Concejo de Bogotá la Comisión Accidental de Seguimiento a los Casos de Abuso Policial en la capital de la República. La Comisión está conformada por concejales de diferentes partidos y organizaciones ciudadanas, y cuenta con el acompañamiento técnico de la Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, para investigar los episodios de violencia de uniformados contra la población civil.
En medio del acto de instalación que se adelantó en el Cabildo Distrital, familiares de víctimas de la masacre del 09 de septiembre denunciaron impunidad en los procesos judiciales que se adelantan por lo ocurrido en esa noche de terror y advirtieron que son víctimas de persecución por parte de miembros de la Fuerza Pública.
“En las audiencias, el señor patrullero de la Policía Nacional se presenta uniformado, porque sigue en servicio activo, le dan arma de fuego, yo digo: que falta de respeto conmigo como mamá de ver que yo enterré a mi hija, a un ser humano”, advirtió la señora Nury Enith Rojas, madre de Angie Paola Baquero Rojas, quien fue asesinada en inmediaciones del CAI de Aures en la localidad de Suba.
La señora Nury Enith denunció: “yo no he podido volver a trabajar porque nos han estado haciendo seguimientos, tanto a mi hijo como a mí”.
Por su parte Harold Ramírez, padre de Julieth Ramírez, joven de 18 años quien fue asesinada en inmediaciones del CAI de La Gaitana, aseguró que su hija fue la primera víctima del policía que “cobardemente le disparó”. El señor Ramírez se sumó al clamor de justicia y resaltó que hay evidencias en video de demostraría el uso desmedido y arbitrario de su arma.
Alejandro Lanz, de la ONG Temblores, que ha hecho un seguimiento estricto a los casos de abuso policial en medio de las protestas pacíficas, ha identificado una “serie de prácticas de violencia policial que nos preocupa muchísimo: en primer lugar hemos visto uso indiscriminado de armas de fuego en contra de los manifestantes por parte de la Fuerza Pública, el uso de disposiciones administrativas para legitimar la violencia estatal en contra de quienes ejercen el derecho legítimo a la protesta”.
Al respecto, Lanz dijo que se ha presentado un sobreuso de la figura de Traslado por Protección en Bogotá y a nivel Nacional. “Las personas a cambio de obtener su libertad, están teniendo que firmar un acta de no agresión por parte de la Policía, es decir tienen que comprometer en un documento físico, firmado, en donde afirman que la Policía no los agredió para poder salir en libertad”.
Con la instalación de la Comisión Accidental, ahora los concejales tienen hasta 6 meses para presentar un informe sobre los casos de abuso policial de las noches de terror del 9 y 10 de septiembre, hacer control político estricto de las actuaciones de las autoridades competentes y presentar propuestas para erradicar esta situación que afecta la convivencia y la seguridad de los ciudadanos.
