La condición de la institución al pasar de los días se complica porque después de llevar a cabo varias reuniones, los cerca de 4.600 estudiantes matriculados se encuentran a la deriva y la deuda sigue creciendo lamentablemente sin pronta solución. Es tan precaria la situación por la que están pasando los estudiantes que, incluso dos de ellos (Carlos Andrés Torres y David Santiago Sanabria) de sexto y noveno semestre de Derecho respectivamente, se han encadenado a la entrada de la universidad desde las dos últimas semanas para exigir que la actual junta directiva renuncie, ya que, según lo dicho por ellos, creen que se presentaron desvíos de recursos de las matriculas por lo cual esperan presencia del Ministerio de Educación, la Subdirección de Inspección y Vigilancia para que se realicen las investigaciones necesarias.
Como respuesta a la preocupante situación, el Ministerio de Educación nombró a un inspector Insitu desde el pasado 7 de junio que asegure una vigilancia exclusiva, que garantice la no afectación del servicio ofrecido por la universidad para los alumnos y comunidad perjudicada en general, lo cual indican los damnificados, no ha funcionado según lo que esperaban.
