- En el último informe de gestión de la supervisión del convenio 1880 de 2014 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), con fecha 30 de junio 2018, solo aparecen 3 productos aprobados por la interventoría (gestión RAMS aprobado el 16 de enero de 2018, levantamiento topográfico aprobado el 26 de marzo de 2018, estudio social aprobado el 26 de marzo de 2018) de los 23 entregables contratados como estudio de factibilidad del proyecto metro elevado Bogotá en su etapa 1. Así las cosas, el proyecto metro elevado a la fecha solo está en un avance del 13 % en su etapa 1 y su etapa 2 en 0 %.
- No se conoce a la fecha, un nuevo informe que dé cuenta de la aprobación de los otros 10 productos que el gerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar menciona en la entrevista concedida al diario El Tiempo.
- El certificado de la FDN, con fecha 15 de septiembre de 2017, que aseguraba que el proyecto había alcanzado un nivel de maduración de factibilidad faltó a la verdad en cuanto que para la fecha los 23 productos o entregables estaban en proceso de elaboración y aprobación de metodologías, es decir el avance del proyecto era precario.
- Los tres productos que el informe relaciona como aprobados por la interventoría no estaban finalizados para la fecha de la declaración de importancia estratégica del proyecto metro elevado por medio del Conpes 3900 de 2017, ni para el 31 de octubre de 2017, momento de aprobación de las vigencias futuras por 7.1 billones de pesos.
- Para surtir estos dos trámites mencionados, la declaración de importancia estratégica y la aprobación de vigencias futuras la ley exige como requisito mínimo tener estudio de factibilidad por lo que la administración distrital faltó a la ley 310 de 1996, y las leyes orgánicas 819 de 2003, 1483 de 2011 y el decreto 2767 de 2012.
- Por las irregularidades mencionadas, el concejal progresista de Bogotá, Hollman Morris denunció penalmente al alcalde Enrique Peñalosa, y a los funcionarios del orden distrital y nacional responsables del proyecto metro elevado por los presuntos delitos de fraude procesal, prevaricato y ocultamiento de información.
