- El concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, reveló un otrosí al contrato 02 de 2017 celebrado entre la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Consorcio Metro Bog (Systra- Ingetec) para la elaboración del estudio de factibilidad que modifica las cláusulas de duración y costo, prolongando la entrega de dicho estudio hasta mayo de 2019 y aumentando su valor de 23 mil millones a 28 mil millones de pesos.
- De abrir licitación para el metro elevado el próximo 6 de agosto, sin contar con el estudio de factibilidad, o en el mes de octubre sin la estructuración financiera la administración distrital estaría cayendo en una ilegalidad.
- La interventoría elaborada por el consorcio Metro Sener-Integral solicitó en agosto del 2017 una prorroga al contrato 02 de 2017 para incluir el diseño de las estaciones del metro, es decir para esa fecha y para el 29 de septiembre de 2017, cuando se firmó la prórroga del contrato, el metro elevado no contaba con diseño de estaciones por lo que era imposible conocer el costo final del proyecto y tener la factibilidad finalizada.
- La aprobación de 7.1 billones de pesos en vigencias futuras por parte del Concejo de Bogotá sin contar con el estudio de factibilidad, pendiente de ser finalizado, fue una ilegalidad que violentó las leyes por lo que el concejal progresista, Hollman Morris solicitó la revocatoria directa del acuerdo 691 del 02 de noviembre de 2018.
Bogotá D.C. 2 de agosto de 2018
En las últimas horas, con pruebas en mano, el concejal de Bogotá, por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, demostró que el proyecto metro elevado de Bogotá no tiene estudio de factibilidad, y no lo tendrá antes de mayo de 2019.
Esta revelación desmiente las afirmaciones del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en las que asegura que el próximo 6 de agosto iniciaría el proceso de licitación del proyecto, con la precalificación de proponentes pues violaría la ley de infraestructura 1682 de 2013 en la que el estudio de factibilidad es requisito.
Además, confirma las denuncias que el cabildante viene realizando desde el 25 de septiembre de 2017 cuando el gobierno nacional realizó la declaración de importancia estratégica del proyecto metro elevado mediante el invalido CONPES 3900 que no podía ser aprobado sin estudio de factibilidad según la ley 310 de 1196, articulo 2, , y ratifica la violación a la ley de vigencias futuras 819 de 2003 y 1483 de 2011 por parte de las mayorías peñalosistas del Concejo de Bogotá que aprobaron 7.1 billones de pesos sin contar con estudio de factibilidad.
Un otro sí prorroga la entrega del estudio de factibilidad. No se puede abrir licitación sin estudio de factibilidad (Ley 1682 de 2013)
La prueba reina presentada por el concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas, Hollman Morris, es un otrosí al contrato 02 de 2017 celebrado entre la Financiera de Desarrollo Nacional y el consorcio Metro Bog (Systra- Ingetec) para la elaboración del estudio de factibilidad (estudio que consta de dos etapas, inicialmente la primera etapa con una duración de 8 meses y la segunda etapa de 6 meses).
El otrosí que presentó el concejal modificó la cláusula quinta que establece la duración del contrato adicionándole 12 meses al plazo total inicial que era de 14 meses del mismo, ampliándolo a un total de 27 meses y 15 días a partir del acta de inicio. Además, con la modificación le fueron asignados al contrato nuevos recursos por más de 3 mil millones de pesos.
El otrosi al contrato fue firmado el pasado 30 de mayo de 2018, prorrogando el cumplimiento del contrato por 12 meses más, lo que significa que antes de mayo del 2019 no será entregado completamente dicho estudio que es un requisito fundamental para la apertura de licitación según establece la ley 1682 de 2013 en su artículo 16.
El documento dado a conocer por el concejal progresista es el tercer otrosí que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) hace al contrato para prorrogar su tiempo de ejecución, el primero se hizo el 29 septiembre de 2017, el segundo fue en abril de 2018 y el tercero el 30 de mayo de 2018.
Además, esta serie de modificaciones también aumentaron el valor del estudio de factibilidad pasando de 23 mil millones de pesos inicialmente a 28 mil millones de pesos en la actualidad.
Esta serie de prorrogas también confirman las denuncias que viene haciendo el cabildante desde que se tramitaron las vigencias futuras en el Concejo de Bogotá, cuando la administración distrital afirmó tener terminados todos los estudios requeridos para avanzar en el proyecto dejando en evidencia que no era así.
Así mismo comprueba que los recursos de vigencias futuras por 7.1 billones de pesos aprobados por las mayorías peñalosistas en el Concejo de Bogotá son ilegales por cuanto el proyecto no tiene estudio de factibilidad ni de ingeniería de detalle (fase II y Fase III).
La cadena de ilícitos
El primer otrosí al contrato 02 de 2017 de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) con Consorcio Metro Bog (Systra Ingetec), con fecha del 29 de septiembre de 2017, surge por una observación hecha en el mes de agosto de 2017 por la interventoría del proyecto metro elevado a cargo del consorcio Metro (Sener – Integral) en la que solicita se incluya en el contrato de elaboración de estudio de factibilidad, el desarrollo del concepto arquitectónico y la guía de diseño arquitectónico de las estaciones.
La revelación de esta prueba deja en evidencia que al momento en que se certificó por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) el supuesto estado de factibilidad del proyecto metro elevado (12 de septiembre de 2017) no era posible que el proyecto hubiera alcanzado este estado puesto que no se contaba con el diseño de las estaciones, que es uno de los tres ejes fundamentales para determinar los costos del proyecto (estructura, estaciones y operación) ¿Cómo podían conocer el costo final del proyecto si uno de sus tres ejes no tenía estudio?
Es más, la prorroga al contrato 02 de 2017 solicitada por la interventoría para el diseño de las estaciones del metro elevado se firmó 17 días después de que la Financiera de Desarrollo Nacional certificara el estado de factibilidad del proyecto (12 de septiembre de 2017), 4 días después de que el gobierno nacional declaró el proyecto de importancia estratégica con el Conpes 3900, incluso 2 días después de que presentó la solicitud de vigencias futuras por 7.1 billones de pesos ante el Concejo de Bogotá.
Esta es una prueba más de que la nación adelantó el Conpes 3900 y el Concejo de Bogotá aprobó vigencias futuras para un proyecto de infraestructura que no cumplía los requisitos de la ley 819 de 2003 y 1483 de 2011 pues no contaba con el diseño de las estaciones, uno de los tres elementos necesarios en el estudio de factibilidad. Además, hace parte de la cadena de ilícitos la firma de un convenio de cofinanciación y la aprobación de un CONFIS de la Nación sin contar con estudio de factibilidad.
Tampoco habrá licitación en octubre
El concejal Hollman Morris, también desmintió las recientes declaraciones en las que la Empresa Metro de Bogotá asegura que en octubre estarían publicando los pliegos y abrirían la licitación del metro elevado.
La última prórroga al contrato para la elaboración de la fase de factibilidad va hasta el mes de mayo de 2019, fecha en la cual se deberán entregar dos etapas, la primera para la elaboración de los estudios y la segunda para la estructuración financiera, ambos partes fundamentales para determinar la factibilidad de un proyecto de infraestructura.
Esto quiere decir que la administración distrital no podrá abrir la licitación del proyecto metro elevado antes de mayo del 2019, y de hacerlo estaría violando la ley de infraestructura 1682 de 2013 que le exige que el proyecto haya alcanzado la fase de factibilidad para poder licitar.
Solicitud de revocatoria directa
Además, el concejal solicitó al Concejo de Bogotá la revocatoria directa del acuerdo 691 del 2 de noviembre de 2017 por medio del cual el Concejo de Bogotá aprobó 7.1 billones de pesos en vigencias futuras para un proyecto de infraestructura que no tiene estudio de factibilidad.
La solicitud se sustenta en la Ley 1437 de 2011 en el artículo 93 en su numeral 1, que establece como causal de revocación de los actos administrativos por las mismas autoridades que los hayan expedido, en este caso el Concejo de Bogotá “cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”.
Con la solicitud de revocatoria del acuerdo el Concejo de Bogotá tiene la oportunidad de rectificar frente a una decisión que no cumple con los requisitos de la ley 310 de 1996 artículo 2, y las leyes orgánicas de vigencias futuras 819 de 2003 y 1483 de 2011.
Así mismo, el concejal instó al Concejo de Bogotá remitir a la Fiscalía General de la Nación la información para que se compulsen copias por posibles delitos contra la administración pública al Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, Gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, Secretario de Movilidad, Juan pablo Bocarejo, secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, Director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía y Presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle.
