La agenda pública del siglo XXI, está marcada por la defensa del medio ambiente, tratados de libre comercio, avances tecnológicos y la nueva red en las telecomunicaciones. Estos ítems imponen a los gobiernos a formular e implementar acciones para adecuarse a las exigencias que el mundo contemporáneo constantemente provee con el fin de facilitar las relaciones entre los ciudadanos.
Bogotá, no puede ser ajena a esta determinación global, especialmente cuando es la quinta economía de América Latina; la Atenas Suramericana tiene la obligación de sintonizarse con los cambios internacionales. El pasado miércoles, debatíamos, la necesidad de iniciar la obra del metro como respuesta a los requerimientos de la ciudad que implora tener un transporte acorde con las necesidades de sus habitantes, pero como lo he manifestado en reiteradas ocasiones, la omisión y poca diligencia de los gobernantes de turno o la falta de criterio legal y técnico en otros casos, han postergado el sueño y clamor de los ciudadanos, que demanda políticas públicas eficientes al servicio de transporte público colectivo.
En este escenario, se impone la necesidad de sincronizar el servicio público individual de taxi, conforme a los avances tecnológicos que han ubicado la imperiosa obligación de ofertar un servicio público en tiempo real frente a los requerimientos de los ciudadanos. En nuestro país según cifras del Ministerio de Tecnología y de la Información en el 2017, estaban en servicio 62.2 millones de líneas de telefonía celular, es decir por cada colombiano hay 1.2 líneas, lo cual indica la incidencia que ha tenido uno de los criterios de la agenda pública mencionada en los habitantes de nuestro país, instando de esta manera a las instituciones públicas a diseñar acciones y políticas para que faciliten la provisión de servicios públicos en armonía con los avances tecnológicos y de comunicación.
Por lo anterior celebro que desde la misma institucionalidad se proporcionen instrumentos que se dirijan a ubicar a la ciudadanía, como clientes que demandan servicios conforme a criterios de calidad, seguridad, comodidad y eficiencia. Lo que no celebro es que la institucionalidad por el afán de adecuarse a las exigencias tecnológicas imponga implementarlos sin tener en cuenta la realidad de un oficio que debe ser protegido por cuanto ejercen un oficio que motiva y moviliza la productividad económica de la ciudad.
Preocupaciones que se suscitan en el gremio no pueden ser de poca monta para que la administración distrital deponga sus demandas solamente para garantizar el servicio a los usuarios cuando el servicio público individual de taxi involucra, propietarios, empresas y usuarios dentro de esta cadena productiva que integralmente debe ser protegida.
Dificultades de seguridad, trasparencia y eficacia, para combatir la ilegalidad de servicios particulares, sustituyendo de esta manera los servicios del transporte individual, que constituyen causas para exigirle a la administración distrital que responda a las inquietudes de un gremio que, si bien debe mejorar en la prestación del servicio, esto no es óbice para legitimar servicios que atentan contra la legalidad y la institucionalidad
Cordialmente:
JORGE DURAN SILVA
CONCEJAL DE BOGOTA.
