- La Personería Distrital de Bogotá abrió investigación disciplinaria contra el Secretario de Seguridad, César Restrepo, por presuntos malos manejos en contratos relacionados con la dotación tecnológica de frentes de seguridad, el mantenimiento del parque automotor de la Policía Metropolitana y el aumento del pie de fuerza en la ciudad.
- La investigación fue solicitada por el concejal Julián Uscátegui Pastrana y trasladada por la Personería Delegada para Asuntos de Seguridad a la Delegada para Asuntos Disciplinarios.
- La Contraloría Distrital también emitió hallazgos por deficiencias en la planeación, transparencia y sostenibilidad de contratos ejecutados por la Secretaría de Seguridad.
La grave situación de inseguridad que atraviesa Bogotá tiene una causa directa en las fallas de gestión de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, según lo revelado por organismos de control. Así lo denunció el concejal Julián Uscátegui, quien alertó sobre posibles irregularidades que hoy tienen al secretario César Restrepo bajo investigación disciplinaria.
De acuerdo con la Contraloría Distrital, entre 2022 y 2024 se celebraron tres contratos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por más de 15.500 millones de pesos, con el fin de dotar a los frentes de seguridad ciudadana con herramientas tecnológicas como cámaras de videovigilancia, botones de pánico y estaciones de monitoreo. Sin embargo, solo se fortalecieron 100 grupos ciudadanos, apenas el 12,5 % de la meta establecida de 800.
“Se gastaron miles de millones, pero los resultados son irrisorios. Y lo peor: los equipos no quedaron en manos de la comunidad, sino que fueron devueltos al final de los contratos. Un desperdicio total de recursos públicos”, aseguró el concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui.
La Contraloría calificó como “críticas” las fallas en la planeación contractual, y advirtió la inexistencia de estudios comparativos de mercado, posibles sobrecostos y hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por más de 600 millones de pesos. Además, alertó sobre la falta de sostenibilidad de los proyectos, ya que los dispositivos entregados no fueron transferidos ni al Distrito ni a la ciudadanía, dejando sin capacidad instalada a las comunidades.
“Aquí no solo hubo mala planeación, hubo una irresponsabilidad absoluta con la seguridad de los bogotanos. Contratos costosos, resultados pobres y cero sostenibilidad”, denunció Uscátegui.
A esto se suma el alarmante déficit de más de 10 mil policías en la ciudad, según lo indicó la Personería de Bogotá, cifra muy por debajo del estándar internacional. Las localidades más afectadas son Suba, Kennedy y Bosa. Además, el 22 % del parque automotor entregado en comodato por la Secretaría de Seguridad a la Policía Metropolitana está fuera de servicio por falta de mantenimiento, afectando directamente la capacidad de respuesta ante emergencias.
Aunque Bogotá cuenta con más de 10.900 cámaras de videovigilancia, solo el 27 % del espacio público está cubierto. Y de las más de 15.000 cámaras privadas en copropiedades, apenas el 19,15 % están conectadas al centro de monitoreo C4, lo que limita el alcance de los sistemas de prevención y reacción ante el delito.
“La ciudad está completamente expuesta. Hay una desconexión total entre la millonaria inversión y los resultados reales en seguridad. Es hora de asumir responsabilidades y exigir cambios profundos”, concluyó el concejal Uscátegui.
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