- El concejal Julián Uscátegui denunció el millonario costo que ha tenido para los colombianos la política de "Paz Total" del Gobierno Petro: una estrategia que, lejos de traer tranquilidad y seguridad, terminó convirtiéndose en un mecanismo de beneficios, financiación e incentivos para grupos criminales y terroristas.
- El Gobierno Petro gastó más de $13.106 millones en procesos relacionados con la Segunda Marquetalia, mientras la Fiscalía vincula a integrantes de esa estructura con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Según información del Fondo de Programas Especiales para la Paz, denunciada por el concejal Julián Uscátegui, entre agosto de 2022 y diciembre de 2025 el Gobierno Nacional ejecutó más de $88.840 millones de pesos en mesas de diálogo y procesos de negociación con estructuras armadas ilegales.
El desglose por mesa revela la magnitud del gasto. En los diálogos con el ELN, organización terrorista que no cesó en sus acciones de secuestro, asesinato de civiles y ataques a la infraestructura del país, se invirtieron más de $32.960 millones. De esa suma, $6.889 millones fueron a honorarios, $7.521 millones a transporte aéreo y $4.748 millones a medidas de protección para los propios negociadores. Una mesa que terminó suspendida sin ningún resultado concreto para los colombianos.
En los diálogos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, grupos responsables de narcotráfico, reclutamiento forzado y ataques terroristas, se gastaron más de $34.601 millones: $6.123 millones en honorarios, $7.498 millones en transporte aéreo y $6.033 millones en medidas de protección, además de $6.280 millones destinados a participación de la sociedad civil.
A la Segunda Marquetalia, cuyos integrantes son vinculados por la Fiscalía con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se le destinaron más de $13.106 millones, incluyendo $1.665 millones en honorarios y $3.884 millones en transporte aéreo. Los Comuneros del Sur, por su parte, recibieron más de $8.172 millones, con $898 millones en honorarios y $669 millones en transporte aéreo.
“La denominada ‘Paz Total’ no es una política de paz, sino una política de impunidad financiada con los recursos de todos los colombianos. Mientras el Gobierno entrega beneficios a manos llenas a los criminales, estos continúan asesinando, secuestrando y extorsionando colombiano sin consecuencia alguna. Es completamente inaceptable”, afirmó el concejal Julián Uscátegui.
La denominada "Paz Total" ha representado un fracaso rotundo. A pesar de que el Fondo Paz ha ejecutado e recursos cercanos a los $90.000 millones, los ataques terroristas y las voladuras de oleoductos continúan en aumento, evidenciando la ausencia total de resultados en materia de seguridad y orden público.
“Es infame que el gobierno Petro destine los impuestos que los colombianos pagan con tanto esfuerzo, a financiar viajes y esquemas de protección para los criminales responsables de la violencia y el terror que hoy padece todo país”, agregó Uscátegui.
El concejal advirtió que estos procesos no solo han representado un enorme costo económico para el país, sino que envían un grave mensaje institucional: en Colombia el crimen recibe incentivos, beneficios y recursos, mientras la legalidad pierde respaldo.
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