Este jueves, la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial continuó el debate de control político sobre las presuntas irregularidades y la facturación de servicios públicos de Bogotá, en el que participaron concejales, voceros de la Administración Distrital y representantes de los operadores de servicios públicos.
El primer concejal en intervenir en este debate fue Fabián Puentes, quien insistió, como lo hicieron algunos cabildantes el lunes pasado, en que los comerciantes de Bogotá han sido los principales afectados desde el inicio de la pandemia, debido al consumo promediado que se aplica para facturar los servicios públicos domiciliarios.
Mientras tanto, el concejal Marco Acosta también se refirió a los incumplimientos por parte de los prestadores de servicios públicos, en términos de servicio al cliente y tramitación de solicitudes, pues según él, la ciudadanía ha recurrido a las reclamaciones para solicitar correcciones en la medición y facturación principalmente.
El concejal Celio Nieves presentó algunas cifras: entre enero de 2019 y febrero de 2021 hubo más de 137.000 quejas y reclamos y aún no hay soluciones de las entidades. “A lo largo de los años se han presentado miles de reclamaciones por el cobro exagerado de los servicios públicos, observando que de manera permanente se registra esta situación, sin resolverse por parte de las entidades y autoridades de control”, aseguró.
Como un problema de “nunca acabar” calificó el concejal Nelson Cubides a la recolección y disposición final de residuos. Además, criticó el modelo actual de convenio que existe entre el Distrito y Enel - Codensa para la administración y operación del alumbrado público de Bogotá.
A su turno, el concejal Carlos Galán se refirió específicamente a las faltas en el servicio de alumbrado, en las que incurre Enel - Codensa frecuentemente, y se preguntó si existe alguna relación entre estas y los acuerdos actuales entre ese operador y el Grupo de Energía de Bogotá.
Durante su intervención, la concejala Lucía Bastidas, aseguró que las empresas de servicios públicos “nos tienen hasta el cuello, tanto a los usuarios residenciales como comerciales” e insistió en que los alivios que anunciaron para combatir la crisis generada por la pandemia de Covid-19 no se sintieron y que, por el contrario, ella vio aumentos de hasta el 100% en sus facturas.
La concejala Susana Muhamad trajo a la sesión la pregunta de si realmente los beneficios anunciados para las facturas de servicios públicos fueron alivios o deudas obligadas que terminaron asumiendo los ciudadanos y comerciantes de Bogotá. La cabildante también compartió la manera en la que se cobran las tarifas para concluir que ha habido excesos por parte de los operadores.
El servicio al cliente también hizo parte de la discusión. La concejala María Clara Name señaló que “no hay quien escuche las preocupaciones de los ciudadanos. Es un karma comunicarse a una línea de atención porque nadie contesta y nadie se pone en los zapatos de las personas que están presentando quejas legítimas”.
El concejal Andrés Onzaga hizo énfasis en la necesidad de que el Distrito y los operadores privados presenten estrategias antivandálicas para reducir el robo de elementos del mobiliario urbano como canecas y luminarias.
Por su parte, la concejala Ana Teresa Bernal, le pidió al Distrito allegar a su despacho un documento en donde se aclare por qué se han dado sobrecostos en las tarifas de servicios públicos y se especifique cuántas personas de poblaciones vulnerables (víctimas, reinsertados y víctimas del conflicto armado en Bogotá) han tenido que asumir estos incrementos.
Después de las intervenciones de los concejales, el Distrito, en cabeza de la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, comenzó a responder cada una de las preguntas de la proposición. La secretaria aclaró cuál fue el monto destinado para alivios y cómo se estructuró la Estrategia de Servicios Públicos – Bogotá Solidaria en Casa.
Asimismo, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Luz Amanda Camacho, presentó las cifras de disposición final de residuos y coincidió con las críticas de algunos concejales frente al convenio que existe con Enel – Codensa para el alumbrado público de Bogotá, en cuanto a sus costos y condiciones. También anunció que la UAESP ha avanzado en conversaciones con el Grupo de Energía de Bogotá para que esta entidad sea la nueva operadora del alumbrado de la ciudad.
La gerente del Acueducto de Bogotá, Cristina Arango, también se refirió a las tarifas, a la facturación y a las estrategias que ha liderado para responder a las preguntas, quejas y reclamos de los usuarios de los servicios de agua, alcantarillado y aseo.
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, le contó al Concejo de la ciudad cuáles son las proyecciones económicas de este grupo y, aunque no dio muchos detalles, señaló que están haciendo lo posible porque el alumbrado de la ciudad deje de beneficiar solamente a una empresa privada.
Por parte desde Vanti, Marcela Muñoz, gerente de servicio al cliente, aseguró que las conexiones fraudulentas son las principales causantes de los sobrecostos que han denunciado los comerciantes de Bogotá. Mientras que el gerente de mercados de Enel-Codensa, Carlos Mario Restrepo, aseguró que la pandemia trajo consigo que los ciudadanos consumieran más servicios y por ello no ha habido cambios sustanciales en las facturas que reciben alivios y subsidios.
Como delegado de la Superintendencia de Servicios Públicos estuvo Walter Romero, quien señaló que esa entidad persiste en el trámite de las quejas de los ciudadanos y en la sanción de las empresas de servicios públicos que incumplen con sus obligaciones, e invitó a los bogotanos a hacer uso de recursos como la reposición y la apelación de las solicitudes ante los operadores.
Finalmente, los concejales Rolando González y Óscar Ramírez, como citantes del debate, cerraron la discusión asegurando que las explicaciones de Vanti eran vergonzosas porque tildaban de usurpadores a los comerciantes de Bogotá y que este tema debía ser permanentemente discutido por el cabildo para proteger los derechos de los ciudadanos y las finanzas de la capital.
Concejo de Bogotá
