El cabildante del Polo explicó que el más reciente concepto del Idiger, en el cual se sustenta Enrique Peñalosa, no adiciona argumentos de fondo que den certeza de la superación de las deficiencias identificadas en las obras de adecuación hidráulica del río Tunjuelo, postura que fue respaldada en su momento por un estudio de la sociedad Fiduoccidente S.A., vocera de las constructoras interesadas en Campo Verde. “El argumento de la administración, según el cual el riesgo ha disminuido por las obras de adecuación en el Río Bogotá es insuficiente, pues la sentencia reseñó que estas medidas no solucionaban la amenaza”.
“Aún no existe certeza de que la Empresa de Acueducto haya hecho en los últimos años lo necesario para proteger los derechos colectivos de los ciudadanos”, declaró Sarmiento. Construir las viviendas anunciadas sin atender los criterios técnicos pondría en riesgo a más de 6000 familias, y solo favorecería a grandes constructoras cercanas a la Alcaldía como Amarilo, Marval y Constructora Bolívar, firmas a cargo del plan parcial Campo Verde.
Señalando que esas empresas están entre las propietarias de la editora, “Dónde Adquirir Vivienda”, que donó $200 millones a la más reciente campaña de Peñalosa, el concejal Sarmiento concluyó: “este es otro caso en el que la actual administración de Bogotá, de la mano del gobierno de Santos, con el vicepresidente Germán Vargas Lleras a la cabeza, actúa en beneficio de las grandes constructoras y financiadoras del Alcalde”, y anunció, que citará un debate en el Concejo de Bogotá sobre la política de vivienda de esta Administración y la construcción en zonas de alto riesgo.
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