Alarmante déficit de fuerza pública en Bogotá, ¿Cuáles son sus consecuencias?

Tras el anuncio del Secretario de Seguridad, Hugo Acero, del aumento de más de 50 vehículos motorizados y 120 policías que reforzarán la seguridad ciudadana en TransMilenio, queda en el ambiente la duda si con estos nuevos elementos de seguridad se podrá solucionar el problema de inseguridad que se viene presentando en Bogotá en los últimos meses.

Si bien la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia señaló que los hurtos en la ciudad han disminuido, es evidente que la percepción ciudadana en esta materia es poco favorable, debido a los hechos delictivos que se han venido presentando en los últimos meses en la ciudad por los atracos en TransMilenio, el hurto de bicicletas, celulares, vehículos y viviendas, sumado a la problemática del microtráfico, extorciones y amenazas a líderes sociales.

En este contexto, debemos señalar que el incremento en la tasa de delincuencia está directamente relacionada con la problemática social que vive el país y la ciudad, pero también con la baja capacidad que tiene el Distrito Capital en términos de su función policiva, lo que quiere decir que el recurso humano destinado a la ciudad para desempeñar esta función es insuficiente para garantizar la seguridad ciudadana.

Este problema no es nuevo: En el 2016, el entonces Secretario de Seguridad, Daniel Mejía, advirtió con gran preocupación que la ciudad venía presentando un déficit alarmante de policías, asegurando que la cantidad de efectivos con la que disponía la ciudad se encontraba por debajo de la recomendación emitida por la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, que sugiere que las ciudades deben contar con una tasa de 300 agentes por cada 100.000 ciudadanos. Según cifras de la Secretaria de Seguridad, para ese periodo la capital contaba con un promedio de 234 uniformados por cada 100.000 habitantes, mientras que en ciudades como Bucaramanga, Tunja o Popayán existía un pie de fuerza por encima de 600, esto sin tener en cuenta los permisos e incapacidades de los agentes.

Actualmente el panorama es aún más preocupante, pues en su cuenta de Twitter, la alcaldesa Claudia López aseguró que a la Policía de Bogotá le falta el 30 % de los agentes activos. En este mismo sentido, el actual Secretario de Seguridad afirmó que en promedio la capital cuenta con 184 policías por cada 100.000 habitantes, en un contexto en el que la ciudad debería contar con al menos 23.300 policías, es decir, un 40 % más de los que tiene actualmente[1]. Lo anterior indica que Bogotá tiene un déficit de alrededor 10.000 policías, lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿De donde van a salir los policías faltantes?

Adicionalmente, debemos resaltar que, según cifras de la Policía Nacional, se pronostica que el número de agentes policiales para el año 2022 entrará en un déficit cercano a 20.000, pues el número de uniformados que han solicitado el retiro es cercano a los 40.000. Así las cosas, la Policía Nacional tiene un gran desafío, y es el del reemplazo de todos estos agentes. En este escenario, le sugerimos al Distrito gestionar estrategias con el Gobierno Nacional relacionadas con la seguridad de la ciudad, pues de no ser así la inseguridad en Bogotá seguirá creciendo, poniendo en riesgo la integridad de los capitalinos.

Este es un escenario de especial atención y preocupación porque si bien es cierto para el 2020 los indicadores de seguridad mejoraron, esto fue debido al Covid19, que obligo a la población a guardar una estricta y larga cuarentena, pero que ahora, con la reactivación de las actividades diarias de la ciudad en el contexto de la “nueva realidad”, se han visto disparados los índices de violencia e inseguridad ciudadana, planteando la necesidad de fortalecer la seguridad mediante el robustecimiento de la fuerza pública, pero también, planteando la urgente necesidad de fortalecer los programas sociales para atacar la pobreza, pues debe  analizarse la problemática de la delincuencia y la inseguridad desde la perspectiva social, y no exclusivamente como un problema de orden público.

Partido Liberal