El problema ha empeorado con la presencia de bandas delincuenciales como Los Tierreros, personas que se dedican a estafar a las comunidades que llegan de otras regiones ofreciéndoles predios que no se encuentran legalizados y que no son de su propiedad.
El Concejal se refirió a los casos como la Hacienda Los Molinos ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde se inició la invasión de estos terrenos desde el año 2006; los propietarios inscritos presentaron sus respectivas denuncias penales y actualmente 750 familias que pagan sus impuestos y servicios públicos, han sido objeto de desalojo por parte del Consejo de Justicia, la comunidad ha venido realizando manifestaciones pacíficas, reuniones con el Distrito, y presentando tutelas a fin de proteger sus derechos, los cuales consideran conculcados por la acción de terceros. En consecuencia los Jueces de Republica, ordenaron al Distrito buscar soluciones eficaces para subsanar esta situación, entre ellas la reubicación de las familias más pobres para proteger el derecho a la vivienda digna, a los desplazados, a la familia y al debido proceso.
A su vez la Corte Constitucional mediante sentencia T 908 del 2012 ordenó la reubicación obligatoria por parte del Distrito de las familias en esta condición. Asimismo, están las viviendas que se encuentran en alto riesgo como en el Barrio Bella Flor de la Localidad de Ciudad Bolívar, donde se presentan 1200 familias afectadas que deben ser reubicadas de forma inmediata para salvaguardar sus derechos fundamentales.
Mencionó también sobre el Concejal Gutiérrez, la situación del barrio La Esperanza Localidad de Bosa San Bernardino, en el que 130 familias adquirieron de buena fe sus viviendas y hoy están siendo demandados por los propietarios reales, quedando a la expectativa de ser desalojados en cualquier momento. Sumado a esto, encontramos que en el Barrió Atahualpa de Fontibón, son 130 familias las afectadas que al tener respuestas favorables por parte del aparato judicial, siguen esperando la intervención del Distrito.
En consecuencia, se pregunta, cuáles son las posibles soluciones por parte de la Administración para evitarles mayores perjuicios a estas familias.
Las anteriores denuncias que hizo el cabildante ante la Administración Distrital tienen como objetivo solicitar que se realice un trabajo conjunto con las autoridades competentes para ejecutar las acciones de reubicación y garantizar los derechos de las personas que se encuentran en esta situación.
