El concejal compartió con los asistentes su singular lucha, “Cuando decidí luchar en favor del San Juan de Dios, utilicé un ARMA: UN PINTALABIOS, para convocar a todo el país. No hay causa social más poderosa en Colombia que el San Juan de Dios, que ha servido durante más de tres siglos para que la salud sea un derecho, no un negocio. Desde el año 2002, rompí todo tipo de prejuicios: los hombres también podemos pintarnos los labios para defender causas sociales. Inventé algo que parecía una locura: que 200 mil personas nos pintáramos los labios y estampáramos nuestro beso por el San Juan de Dios”.
Gracias al presidente Gustavo Petro, esta lucha ha avanzado, impulsando la recuperación del hospital. Cuesta destacó que, en noviembre de 2014, el alcalde Gustavo Petro, en la Bogotá Humana desembolsó $156.300 millones para adquirir los terrenos del hospital y comenzar su restauración. Sin embargo, una mafia corrupta retrasó la entrega de las escrituras hasta finales de 2015 y se apropió de 7.000 millones de pesos destinados a la rehabilitación de la unidad de emergencias.
Posteriormente, Enrique Peñalosa, con irregularidades, implementó el primer diseño de la línea del Metro que afectó negativamente al hospital. Se estableció en ese primer diseño la subestación eléctrica justamente adyacente al hospital Santa Clara lo cual implicó el traslado del hospital Santa Clara a los predios del hospital San Juan de dios, en un hecho abiertamente ilegal porque violaba la ley 735 de 2002.
Es necesario recordar que el gobierno de la Bogotá Humana contrató a través del IDPC (Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura) el estudio del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del hospital San Juan De Dios. El estudio fue contratado con la Universidad Nacional por un valor de $1650 millones.
La conclusión más importante de este estudio consiste en definir el nivel dos (2) de conservación de tipo arquitectónico de la torre central del Hospital San Juan de Dios, lo cual implicaba la no demolición de dicha torre.
Durante la pandemia, en 2020, la alcaldesa Claudia López contrajo una deuda de $466.576 millones de pesos, ignorando la sugerencia del senador Gustavo Petro de convertir el San Juan de Dios en una gran unidad de cuidados intensivos. Este contrato fue firmado sin considerar el contexto crítico de la pandemia.
En el Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", Cuesta le preguntó al secretario de Salud, Gerson Bermont, sobre la postura de la administración respecto al hospital. Bermont respondió: quien quiere al perro, también quiere la chanda. Siendo la chanda, en este caso el contrato de COPASA.
Cuesta enfatizó que el proceso de restauración debe ser llevado a cabo por el Gobierno nacional dentro de los estándares legales establecidos. No se puede condicionar al Gobierno nacional a asumir un contrato ilegal. La nación no debe cargar con las irregularidades de las administraciones de Enrique Peñalosa y Claudia López, que violaron la Ley 735 de 2002.
La ineficiencia de COPASA fue evidente: firmaron un contrato por $466 mil millones, pero se aprobaron giros por $8.650 millones. Según Alejandro Gómez, secretario de salud de Claudia López, los incumplimientos fueron tan claros que hubo 3 devoluciones. El contrato se basó en estudios insuficientes y sin claridad técnica ni financiera, violando los principios de previsión y planeación estatal. “El camino, alcalde Carlos Fernando Galán y Secretario de Salud, es la anulación del contrato con COPASA. No se puede premiar a los incompetentes y corruptos”, enfatizó Cuesta.
El cabildante puntualizó que, en este caso particular, se contrató la demolición del Hospital Santa Clara mediante el uso de dinamita. Esto implica destruir una parte importante de la historia de la nación y de la salud pública en este país. El contrato contemplaba, en primer lugar, la demolición y, posteriormente, la construcción de un nuevo edificio, en donde se implantaría el Hospital Santa Clara.
En este caso específico, el camino necesario es la nulidad del contrato, porque la Ley 1185 establece que, para adelantar un proceso de demolición en predios de un complejo catalogado como Bien de Interés Cultural, COPASA debía no solo solicitar el permiso ante el Consejo Nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, sino también presentar un proyecto arquitectónico técnicamente sólido. Este proyecto debía detallar el nuevo edificio a construir después de la demolición de la torre central. COPASA hizo la solicitud y presentó en varias ocasiones el proyecto; sin embargo, fue rechazado reiteradamente.
Durante el gobierno de Iván Duque, la dirección de Patrimonio Cultural negó la solicitud de demolición en seis ocasiones debido a que los proyectos técnicos de diseño arquitectónico no cumplían con los requisitos establecidos. No se puede culpar al gobierno progresista de Gustavo Petro, ya que las negativas ocurrieron bajo la administración de Iván Duque. Los proyectos no cumplieron con los requerimientos técnicos, y no podemos premiar la incompetencia. La ley indica que lo procedente es la acción de nulidad, y todos los bogotanos apoyaremos esta medida. No se puede recompensar a los incompetentes, mediocres y corruptos de COPASA.
Finalmente, Cuesta destacó que salvar el San Juan de Dios implica un compromiso con la justicia social, asegurando las acreencias laborales y pensionales de quienes dedicaron su vida a convertirlo en un referente latinoamericano.
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