Este miércoles, la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá adelantó el debate de control político sobre la evaluación de indicadores y los programas que tiene la Administración Distrital, desde el IDIPRON y la Secretaría de Integración Social, para frenar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).
Como preámbulo del debate, la concejal Carolina Arbeláez, citante principal, hizo una mención en honor al Fray Gabriel Gutiérrez, conocido popularmente como “Frayñero”, quien dedicó su vida y trabajo a mejorar las condiciones de vida de personas en condición de habitabilidad en calle en Bogotá y murió hace unos días a causa del Covid –19.
Al terminar esta mención, la cabildante inició su intervención. En ella, presentó un completo panorama de la realidad de los menores de edad que son víctimas de la explotación sexual. “Quiero saber si se sigue aplicando el Programa de atención integral a víctimas de ESCNNA, creado en 2019 por la Administración anterior y cuál es la articulación que existe con el ICBF para generar una ruta de atención para los niños, niñas y adolescentes vulnerados por este delito”, aseguró la concejal.
El concejal Yéfer Vega comparó a la ciudad con otras capitales del país, en donde persiste la explotación sexual de niños y analizó los contextos en donde se presentan la mayoría de los casos. “Entre los lugares de mayor atracción para turismo sexual se encuentran La Candelaria, en Bogotá, Taganga, en Santa Marta, la Ciudad Amurallada, en Cartagena y el Parque Lleras, en Medellín”, señaló.
A su turno, el concejal Julián López, último citante de la bancada de Cambio Radical, reveló que, entre 2012 y 2019, 1.954 niñas, niños y adolescentes ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos del ICBF. “Tenemos una deuda histórica con niños, niñas y jóvenes del país y debemos trabajar por garantizar sus derechos”, dijo.
El concejal Marco Acosta, como concejal vocero de la bancada Colombia Justa Libres, preguntó por qué el IDIPRON solamente atendió 27 casos de niños y jóvenes que sufrieron explotación sexual en Bogotá en 2020 e hizo énfasis en la responsabilidad, de esa entidad e Integración Social, de ofrecer atención psicosocial, educativa, espiritual y de emprendimiento a los menores que estén bajo su custodia.
La concejal Marisol Gómez, vocera de la bancada de Bogotá Para la Gente, presentó las cifras de violencia sexual contra menores de edad en Bogotá, entre 2017 y 2019. De estas preocupa que en 2019 hubo 300 niños abusados por cada 100 mil habitantes. También le preguntó al Distrito cuáles son las estrategias para reducir las cifras de abusos de forma localizada.
A nombre de la bancada del Centro Democrático intervino la concejala Diana Diago, quien afirmó que la explotación de menores es un problema de todas las entidades del Distrito y, por eso, les pidió trabajar de forma organizada. De acuerdo con ella, en el país hay 30.000 niños que viven en las calles y el 37% de ellos vive en Bogotá.
Por su parte, el concejal Julián Rodríguez Sastoque señaló que existe una correlación entre las condiciones socioeconómicas y la desescolarización de los menores con las probabilidades de ser víctimas de explotación sexual comercial.
En cambio, la concejala Heidy Sánchez aseguró que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se debe abordar como un problema estructural para atacar sus orígenes y no sus consecuencias. Además, cuestionó las diferencias entre las cifras de atención a víctimas presentadas por IDIPRON y la Secretaría de Integración Social.
La concejal María Victoria Vargas hizo énfasis en las cifras de Medicina Legal. “Es alarmante que del total de las mujeres a las que se les practicó algún examen forense por delitos sexuales en 2019, el 84% hayan sido niñas”, reveló.
Mientras tanto, la concejal Gloria Díaz presentó los factores de riesgo, a nivel micro, meso y macro, que influyen en la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, recordó que impulsa un Proyecto de Acuerdo para que en Bogotá existan lineamientos claros para enfrentar esta problemática.
El concejal Armando Gutiérrez reveló que en el país un total de 2.700 menores de edad han sido víctimas de violencia sexual, siendo las niñas y adolescentes las principales afectadas por estos hechos. Además, hizo un llamado a las autoridades a vigilar los hogares porque allí es donde ocurren la mayoría de los casos.
Por parte de la Administración Distrital participó Carlos Marín, director del IDIPRON, quien presentó una propuesta de articulación institucional para trabajar por los derechos de niños, niñas y adolescentes, y respondió a las preguntas de los concejales que participaron en el debate.
Al final de la sesión, la concejal Carolina Arbeláez le pidió al director del IDIPRON retomar los operativos en contra de la explotación sexual de menores en localidades como Los Mártires, Kennedy y Engativá.
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