- 7 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido acoso en el transporte público en el último año, señaló la concejal Quena Ribadeneira
- Gastos en transporte representa hasta el 25% del ingreso mensual en hogares vulnerables, advirtió la cabildante Rocío Dussán
Bogotá D. C. En sesión plenaria del Concejo de Bogotá, se llevó a cabo un debate de control político concerniente al sistema de transporte público, citado por la bancada de la oposición, en el que se cuestionó el aumento de la tarifa, el modelo financiero y contractual de Transmilenio, así como las condiciones de operación, seguridad y accesibilidad del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Durante el debate, los concejales Jairo Avellaneda, Ana Teresa Bernal, José Cuesta, Rocío Dussán, Heidy Sánchez, Donka Atanassova, Quena Ribadeneira y Óscar Bastidas, cuestionaron el reciente incremento de la tarifa de Transmilenio. Explicaron que, aunque en la proyección de la operación para 2026 se estimó un incremento del 4,28 %, el aumento real para el usuario fue cercano al 11%.
En vista de lo expuesto, manifestaron su preocupación frente al impacto social del alza tarifaria, al recordar que Transmilenio moviliza cerca de 4 millones de viajes diarios, principalmente de usuarios de estratos 1, 2 y 3, para quienes el transporte representa entre el 15 % y el 25 % de los ingresos en sus hogares. En este contexto, advirtieron que el incremento puede profundizar la desigualdad y aumentar la evasión.
De igual manera, los cabildantes señalaron que Transmilenio presenta fallas de diseño, contratación y financiación. Así mismo mencionaron que, pese a haberse concebido como un sistema auto sostenible, Bogotá ha transferido más de 16 billones de pesos para cubrir el déficit operativo, mientras los subsidios crecieron un 383 % en la última década.
Por otra parte, se pronunciaron frente a problemáticas como el sobrecupo en los articulados, baja frecuencia en la operación de las flotas, hurtos y acoso sexual. Frente a lo anterior, indicaron que 7 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido acoso en el último año. Asimismo, entre enero y agosto del 2025 se registraron 9.028 hurtos, lo que equivale a 1.128 casos mensuales.
Desde la Administración Distrital se informó que las tarifas del sistema se actualizan de manera mensual o anual, conforme a lo establecido en los contratos de concesión, con base en la variación de indicadores como el salario mínimo legal vigente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los costos de los energéticos, entre ellos la energía, el gas natural vehicular (GNV) y el diésel. En relación con la prestación del servicio, se indicó que el sistema se financia a partir de dos fuentes principales: las tarifas pagadas por los usuarios y los aportes del Fondo de Estabilización Tarifaria.
En cuanto a la estructura de costos, la Administración explicó que estos se derivan de la operación de los componentes troncal, zonal y TransMiCable, así como de actividades asociadas al recaudo, el control, la comunicación y los sistemas de información. Frente al aumento de los costos operativos, se precisó que una parte significativa obedece al componente de personal requerido para la operación diaria del sistema, cuyos ingresos se ubican mayoritariamente entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes.
Asimismo, se señaló que cerca del 20 % de los costos del sistema crece de manera directa con el incremento del salario mínimo. No obstante, la Administración aclaró que el ajuste de $350 en la tarifa para 2026 no responde a un único factor, sino a una combinación de variables, entre ellas el aumento del IPC, el SMLMV, los costos de los energéticos y el Índice de Precios al Productor (IPP), que en conjunto explican el incremento total de la tarifa.
Finalmente, el Concejo de Bogotá reiteró que las múltiples problemáticas expuestas durante el debate evidencian la necesidad de adoptar correctivos de fondo que permitan mejorar la calidad del servicio, garantizar condiciones de seguridad para los usuarios y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema sin trasladar de manera desproporcionada las cargas a la ciudadanía.
En ese sentido, la Corporación insistió en la urgencia de revisar el esquema tarifario con un enfoque social y diferencial, fortalecer los mecanismos de control y supervisión sobre la operación, mejorar la planeación de la infraestructura y la gestión contractual, así como avanzar en acciones efectivas para reducir la evasión, prevenir el acoso y enfrentar los hechos de inseguridad. De igual manera, hizo un llamado a la Administración Distrital para que adopte decisiones transparentes, sostenidas y articuladas que permitan corregir las fallas estructurales del sistema, recuperar la confianza de los usuarios y avanzar hacia un modelo de transporte público más eficiente, equitativo y acorde con las necesidades de la ciudad.
