- Bogotá ha invertido cerca de 25 billones de pesos en la construcción de 143 km de troncales de TransMilenio.
- Desde el Concejo se plantea que hasta el 95 % de la plusvalía urbana generada por obras públicas sea administrada por el Distrito.
- Los PRUMS podrían incentivar procesos de hiperdensificación en una región con limitaciones hídricas y sobrecupo territorial.
Bogotá D. C. En la Comisión del Plan del Concejo de Bogotá continuó el debate de control político sobre los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y los mecanismos de captura de valor del suelo, citado por la bancada del Partido Colombia Humana.
Durante la sesión, el concejal José Cuesta afirmó que la plusvalía urbana, que es el aumento del valor del suelo generado por inversiones públicas, debe entenderse como un beneficio colectivo y no como una ganancia concentrada en actores privados.
El cabildante recordó que Bogotá cuenta con 143 kilómetros de troncales de TransMilenio, cuya construcción ha representado una inversión cercana a los 25 billones de pesos, financiados principalmente con recursos del Distrito y los impuestos de la ciudadanía. Estas obras, señaló, incrementan de manera significativa el valor de los predios ubicados en sus áreas de influencia.
“Si las inversiones son públicas, la valorización que generan también debe quedarse en la ciudad”, indicó Cuesta, al advertir que hoy una parte considerable de ese beneficio termina en manos privadas.
En ese marco, el concejal explicó que los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) son intervenciones urbanas asociadas a grandes obras de transporte que permiten aumentar la edificabilidad y el uso del suelo en zonas estratégicas, lo que a su vez eleva el valor del suelo. En ese sentido, advirtió que este tipo de proyectos podría derivar en procesos de hiperdensificación urbana, especialmente en una región que ya enfrenta limitaciones en la disponibilidad del recurso hídrico y donde la Sabana de Bogotá presenta un evidente sobrecupo territorial.
Como alternativa, Cuesta propuso avanzar hacia un modelo de democratización de la plusvalía, en el que las entidades públicas asuman directamente los procesos de urbanización y construcción de vivienda. Para ello, planteó la posibilidad de que la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco celebre convenios interadministrativos con el Distrito Capital.
Según explicó, este esquema permitiría que hasta el 95 % de la plusvalía generada por efecto de las inversiones públicas permanezca en manos del Distrito, destinándose a la atención de necesidades estructurales de la ciudad, mientras que la participación privada sería minoritaria.
Finalmente, el concejal señaló que este modelo podría convertirse en una herramienta para fortalecer las finanzas distritales y contribuir, en el mediano plazo, a reducir el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria, garantizando que los beneficios del desarrollo urbano se traduzcan en mejores condiciones para toda la ciudadanía
