- Las comunidades han denunciado el carácter antidemocrático del ejercicio de “participación” para la construcción de los Planes de Desarrollo Local (PDL), sobresaliendo una visión de ciudad impuesta por esta Administración distrital y vulnerando su incidencia.
El Gobierno de Carlos Fernando Galán construyó a través de su Plan Distrital de Desarrollo (PDD), “Bogotá camina segura”, 5 objetivos estratégicos, cuya finalidad fue centrar en estos los esfuerzos, recursos y elementos necesarios para “garantizar” la gobernabilidad en Bogotá y tener una ruta de trabajo para los próximos 4 años. Específicamente, el objetivo 5 que se denomina “Bogotá confía en su gobierno”, habla de la necesidad de construir un gobierno abierto en donde la ciudadanía pueda participar, ser escuchada e incidir directamente en la toma de decisiones que le compete y afecta en relación con la forma en la que se habita la ciudad. A esto se comprometió el Gobierno distrital mediante el artículo 15 del PDD:
“Se compromete a fortalecer y crear espacios de cercanía, confianza, participación, colaboración, diálogo, deliberación y consenso, a través de plataformas de participación como los presupuestos participativos, la formulación de las políticas públicas, las audiencias y las asambleas ciudadanas, y la promoción de espacios participativos de nivel regional” (...) “brindar los canales de relacionamiento necesarios para facilitar y acercar a la ciudadanía al Gobierno de la ciudad y generar un modelo de gobernanza nuevo que motive una participación incidente” (...) “la materialización del compromiso institucional del Distrito Capital por un gobierno cercano y eficiente, que tenga en cuenta la colaboración pública en favor del desarrollo de la ciudad. Los propósitos de este objetivo se centrarán en fortalecer los procesos de relacionamiento entre las instituciones y la ciudadanía de los 15 sectores administrativos, las 65 entidades distritales y las 20 alcaldías locales”.
No obstante, la realidad es que constantemente la ciudadanía y principalmente la juventud popular, que se ha caracterizado por tener procesos organizativos para la dignificación de la vida en sus barrios, ha denunciado y rechazado los procesos antidemocráticos que se han presentado en cada una de las Alcaldías locales de la ciudad, en el diseño y formulación del PDD y de los Planes Locales de Desarrollo (PLD), pues señalan irregularidades durante el proceso de participación ciudadana desde la elección de los Consejos de Planeación Local (CPL), como en la construcción de los encuentros ciudadanos, los presupuestos participativos y en la realización de las mesas de trabajo y de concertación.
Irregularidades que empiezan a evidenciarse con los retrasos temporales en la toma de decisiones de la Administración distrital, continuando con la sobrecarga de responsabilidades a los Consejeros de Planeación Local, recayendo en ellos un trabajo que no deben realizar y que sí debe garantizar los funcionarios de la Administración, siguiendo con la manipulación de las relatorías de los encuentros y terminando en decidir arbitrariamente la forma en la que se van a distribuir los recursos en las localidades.
Lo anterior evidencia que no existen espacios realmente democráticos de participación brindados por parte de la Alcaldía de Galán, pues la metodología que se propuso para la construcción del PDD y los PLD, se diseñó para no permitirle a los ciudadanos debatir sobre la política que rige en la ciudad. Esta solo se planificó para que las bogotanas y bogotanos propongan sus iniciativas y proyectos dentro de los objetivos inamovibles del Gobierno distrital, sin una vinculación o incidencia en la manera en la que son ejecutadas, limitando la capacidad de participación y de la construcción de una visión de ciudad que puede ir más allá de la impuesta. Asimismo, la Administración “más técnica del mundo” confunde el proceso de presupuestos participativos, con el análisis y debate democratico que se debe hacer en la etapa de planeación junto con la comunidad; lo que se ve reflejado cuando se les prohíbe la entrada y la participación a los escenarios de debate, alegando que solo se puede asistir a los encuentros ciudadanos y votar en los presupuestos participativos, sin permitir que se haga una veeduría a la construcción de los planes.
Sumado, hay que resaltar que no ha existido una participación ciudadana real, pues no se ha hecho un ejercicio de convocatoria amplia, con tiempo y a partir de una buena estrategia de difusión, en donde se invite a los procesos organizativos y a la ciudadanía en su conjunto, lo que ha derivado en una baja asistencia. Además, las entidades distritales y sus funcionarios no hicieron el correspondiente ejercicio de socialización de las líneas políticas ya impuestas por la Alcaldía, no se han comunicado efectivamente con la comunidad, tampoco facilitaron diagnósticos sectoriales que posibiliten una construcción de propuestas adecuadas o acorde a las competencias y requerimientos técnicos que se necesitan para el diseño de conceptos de gasto, necesarios para que las propuestas ciudadanas se pudieran incluir dentro de las líneas de inversión.
Adicionalmente, es importante resaltar que el tiempo de discusión de las mesas de concertación ha sido insuficiente, quienes dirigen estas reuniones limitan las intervenciones y no recogen las conclusiones de las mismas, es decir que, no hay garantías de un proceso transparente y ordenado sobre las propuestas que se hacen en estos escenarios. Igualmente, no hay un proceso de pedagogía o de clarificación a la ciudadanía en cuanto al funcionamiento de los mecanismos de participación, pues se invita a elegir constantemente delegados por mesas temáticas, pero no se explica para qué se necesitan estos delegados, o las tareas que van a tener, ni los objetivos que se van a cumplir con ellos a la cabeza. Por último, el evidente retraso en la elección y posesión de las y los alcaldes locales repercutió en que se acortaran los tiempos para las discusiones, lo que vicia la posibilidad de una participación amplia.
En conclusión, no se puede confiar en un Gobierno que atenta contra el derecho a la participación de la ciudadanía, derivando en que se cumplan con espacios de participación por cumplir y ufanarse de escuchar a las bogotanas y bogotanos, cuando realmente no se les da las herramientas para que entiendan y sean parte de los mecanismos de participación de la ciudad, así como se les imponen las líneas políticas a trabajar limitando la capacidad que pueden tener de construir una ciudad digna para su habitar. En ese sentido, queremos hacer un llamado a esta Administración para que la democracia deje de ser solo parte del discurso y tenga un carácter incidente.
