La discusión sobre el trabajo en el espacio público suele poner de relieve problemáticas estructurales y sistemas de exclusión históricos, discriminación, falta de oportunidades, aporofobia entre otras problemáticas. En el caso específico de Bogotá, la sobrepoblación relativa ha favorecido la proliferación de formas alternativas de producción que se ubican en las economías populares. Estas, compuestas en su mayoría por clases sociales subalternas, despojadas de sus medios de producción y obligadas a vender su fuerza de trabajo en condiciones precarias. Dichas poblaciones enfrentan serias dificultades para acceder al empleo formal y que limitan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales como la educación, el trabajo digno y la seguridad social.
De acuerdo con cifras del Instituto para la Economía Social (IPES), se encuentran identificadas y caracterizadas 95.658 personas dedicadas a la venta informal en la ciudad. Las localidades con mayor concentración de vendedores son Santa Fe 13,0%, Kennedy 6,7%, San Cristóbal 4,6%, Los Mártires 4,3% y Chapinero 4,3%, además el 26,1% de personas no tienen registro de localidad. De este universo, el 18,2% se encuentran en condición de vulnerabilidad alta; 52,1% son mujeres y 33,9% corresponden a personas adultas mayores de 60 años o más. Cabe señalar que la caracterización más reciente fue realizada en noviembre de 2025.
En cuanto a las atenciones registradas por el IPES (1.171) el 55,5 % corresponde a mujeres, y en su mayoría personas del grupo etario de 46 a 59 años, seguido por la población mayor de 60 años. Desde el enfoque diferencial, se identificaron solo 54 personas víctimas del conflicto armado, 49 personas con discapacidad, 68 personas migrantes y 7 personas que se reconocen como parte de la población LGBTI. Estas cifras evidencian una cobertura significativamente baja frente al total de personas identificadas en la venta informal.
En ese sentido, los datos oficiales del IPES, que podrían presentar subregistros, permiten revelar una realidad contundente: las personas dedicadas a la venta informal son, en su mayoría, población trabajadora, empobrecida y en condiciones de alta vulnerabilidad, contrario al relato neoliberal que las estigmatiza y segrega.
Este panorama contrasta con el evidente fracaso del portafolio de servicios del IPES, compuesto por alternativas como: puntos comerciales, puntos de encuentro, quioscos, ferias y mobiliarios semiestacionarios. Durante los últimos dos años, solo 250 trabajadores se han acogido a estas opciones. Preocupa especialmente el caso de los puntos comerciales: mientras en 2023 se registraron 166 contratos en ejecución, en 2024 la cifra cayó a 19 y en 2025 a apenas 15. Argumenta la entidad que esta reducción obedece a la periodicidad de los contratos, sin explicar por qué no se amplía el acceso a estas alternativas a nuevos posibles beneficiarios, ratificando con ello el limitado portafolio de la entidad.
Adicionalmente, en septiembre de 2024 se expidió el Decreto 315 de 2024 (hoy Decreto Único Sectorial 670 de 2025) con el objetivo de reglamentar el aprovechamiento económico del espacio público y la infraestructura pública en el Distrito Capital. Aunque esta norma dio lugar a la elaboración de varios protocolos orientados a facilitar dicho aprovechamiento, en el caso de la venta ambulante no se ha suscrito, a la fecha, ningún acuerdo. La gestión del IPES se ha restringido a socializaciones, debido a la ausencia de lineamientos técnicos, operativos y administrativos por parte de la Secretaría de Gobierno, que lidera la gestión del espacio público y la coordinación interinstitucional. Esta omisión ha impedido el inicio formal de los procesos de autorización, ordenamiento y aprovechamiento económico a este sector.
Pese a este contexto, durante todo el año 2025 en el marco de los operativos desarrollados de recuperación de espacio público solo se realizaron 92 mesas de trabajo lideradas por la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Desarrollo Económico reportó su participación en 42 de estas mesas, mientras que el IPES informó la realización de apenas 9 mesas de diálogo con vendedores y vendedoras informales durante los meses de noviembre y diciembre.
En contraste, para el segundo semestre de 2025 se ejecutaron 3.915 operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) en el espacio público, en estos se identificaron problemáticas asociadas a riesgos sanitarios, manejo inadecuado de residuos sólidos, condiciones higiénico-sanitarias deficientes en alimentos y uso indebido de cilindros, entre otras. Para todos los casos se ofreció el mismo portafolio de alternativas (ferias, puntos comerciales y quioscos) además de cursos y acompañamientos, que como ya vimos, es de difícil o limitado acceso o sin acogida efectiva.
Esta administración reconoce, además, abiertamente la desatención del decreto 098 del 2004 Por el cual se dictan disposiciones en relación con la preservación del espacio público y su armonización con los derechos de los vendedores informales que lo ocupan, que define las etapas de la actuación administrativa y de la línea jurisprudencial al respecto, que establece el procedimiento en garantía de derechos que implica adecuada reubicación o alternativa económica, previo a cualquier desalojo.
Todo lo anterior obliga a cuestionar seriamente los límites de acceso a los programas y alternativas institucionales, así como la pertinencia de estas propuestas. Resulta legítimo preguntarse si dichas iniciativas se diseñan y evalúan con la participación real de la población destinataria en instancias como los consejos locales de vendedores, si comprenden sus condiciones materiales y si están orientadas a garantizar un acceso efectivo, más allá de un listado de ofertas desconectadas de la realidad del sector.
Por el contrario, las cifras demuestran que el Gobierno distrital ha priorizado la estigmatización y la persecución sobre el diálogo, profundizando los problemas estructurales asociados al empleo informal. Sin una comprensión real de las dinámicas del sector, ni del ordenamiento del espacio público, perdiendo sentido las caracterizaciones ya que no se analizan integralmente para la formulación de políticas públicas efectivas.
No se tiene en cuenta que la formación socioeconómica colombiana se caracteriza por altos niveles de informalidad. Una parte significativa de la economía informal no cuenta con registro mercantil, inscripción en Cámara de Comercio, contabilidad formal ni cotización regular a salud y pensión. Se trata de un sector históricamente considerado no estructurado, residual e ilegal, lo que dificulta el tránsito hacia la formalidad en los términos y lecturas de la actual administración.
Por ello, es importante que se reconozca y entiendan las particularidades de la economía popular, siendo este un espacio situado entre lo productivo y lo reproductivo, donde el ámbito doméstico cumple un rol central al diluir la separación entre ambos tipos de trabajo y la familia opera como unidad productiva, lo que implica la participación de todos sus miembros y una multiplicidad de actividades desarrolladas por una misma persona o núcleo familiar. Estas dinámicas se traducen en jornadas extensas e intensivas que no siempre garantizan ingresos suficientes ni acceso efectivo a derechos, situación agravada por el endeudamiento con prestamistas informales, conocidos como “gota a gota”, y que atraviesa grandes dificultades en el acceso a la información y la participación.
Esta realidad nos permite concluir que persiste un profundo desconocimiento institucional sobre el sector, estigmatización de voces políticas retardatarias que, sin ningún soporte, les relacionan con mafias, y que usan casos excepcionales para fomentar la aporofobia, por ello la necesidad de una revisión permanente de las alternativas, los enfoques y las estrategias de relacionamiento con la población, así como de la reconstrucción de confianzas ciudadanas. Fortalecer el diálogo implica un ejercicio sostenido que desarrolle respuestas menos reduccionistas frente a una problemática que se agrava cuando se priorizan operativos sin garantías previas y con ofertas débiles, siendo inaplazable reconocer que el debate sobre el uso y aprovechamiento del espacio público no solo sigue vigente, sino que es necesario.
Heidy Sánchez Barreto
Concejala de Bogotá
