- Ya hay más de 2.300 cuentas de repartidores bloqueadas en Bogotá por casos como estos de inseguridad y falta de control en plataformas digitales.
- La plataforma RAPPI realiza cerca de 29.000 validaciones diarias y rechaza aproximadamente el 25 % de los intentos de registro por incumplir los estándares de seguridad.
- Las autoridades intensificaron operativos que derivaron en la inmovilización de cientos de motocicletas por irregularidades.
Bogotá, D.C. — El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, alerta sobre una situación que califica como crítica en materia de seguridad y convivencia en el espacio público. Según la denuncia, en inmediaciones al parque de la calle 93, se consolidó un foco recurrente de peleas callejeras a plena luz del día, protagonizado por un grupo de domiciliarios presuntamente vinculados a la plataforma digital Rappi, lo que representa una alteración al orden público.
De acuerdo con la información recopilada, más de 30 personas se reúnen de manera periódica y repetitiva los martes, jueves y domingos para protagonizar enfrentamientos físicos en plena vía pública. Estos hechos ocurren a la vista de residentes y familias del sector, incluso en horarios con presencia de menores de edad, lo que genera un ambiente de temor entre los habitantes. La comunidad advierte que esta dinámica persiste pese a la presencia ocasional de la Policía.
Residentes de edificios cercanos señalan que, además de las riñas, se registró un aumento en los hurtos y en episodios de intimidación. Denuncian ataques colectivos por parte de motociclistas contra conductores que ingresan a parqueaderos o circulan por la zona. También reportan amenazas contra quienes decidieron denunciar estos hechos, lo que agrava la percepción de desprotección institucional.
El concejal Quintero relaciona estos casos con episodios recientes en los que grupos de domiciliarios atacaron a ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad. En uno de los hechos, al menos diez personas persiguieron y agredieron a un conductor, situación que se viralizó en redes sociales y provocó rechazo ciudadano. En otro incidente, agentes de tránsito y Policía requirieron a un domiciliario por infringir normas; la reacción derivó en un intento de asonada tras la llegada de otros repartidores.
Ante este panorama, el concejal solicita al alcalde Carlos Fernando Galán priorizar esta problemática como un asunto estructural de la ciudad. Plantea la necesidad de abrir una mesa de trabajo con las plataformas de domicilios para establecer reglas claras, garantías laborales y responsabilidades frente al comportamiento de sus colaboradores. “Se requiere liderazgo real y decisiones de fondo”, advierte.
Quintero reconoce que el alcalde Carlos Fernando Galán grabó un video en el que calificó la situación como inaceptable. Sin embargo, advierte: “Esto dista de lo que debería hacer el mandatario como líder de la ciudad y segundo cargo en importancia del país. El alcalde debería ponerse la camiseta, llamar a Rappi y sentarse a encontrar una solución conjunta, real y verificable”.
Además, el concejal señala que tiene conocimiento de que, tanto desde la Secretaría de Movilidad como desde el propio Concejo, se ha intentado establecer diálogo con la empresa, sin que hasta ahora se hayan logrado resultados concretos.
Quintero también pone el foco en el uso extendido de ciclomotores de dos tiempos, vehículos modificados que, según explica, operan por fuera de la normativa vigente. Señala que estos equipos invaden ciclorrutas y andenes, lo que incrementa el riesgo para peatones y ciclistas. Agrega que, por su bajo costo y alta contaminación, se convierten en una alternativa laboral para población vulnerable, en muchos casos vinculada a esquemas informales de financiación con prácticas de “gota a gota”.
En este contexto, el concejal asegura que Rappi intensificó sus controles de seguridad en 2026, con el bloqueo de más de 2.300 cuentas de repartidores en Bogotá por irregularidades y fraudes. La plataforma realiza cerca de 29.000 validaciones diarias y rechaza aproximadamente el 25 % de los intentos de registro por incumplir los estándares de seguridad. Asimismo, se reportaron bloqueos asociados a agresiones y comportamientos sospechosos.
El concejal insiste en que la respuesta no debe centrarse únicamente en sanciones, sino en soluciones integrales que incluyan alternativas de movilidad sostenible, como bicicletas eléctricas, y mecanismos de formalización laboral. Subraya que las plataformas deben asumir un rol corresponsable en la seguridad vial y en la protección de quienes trabajan en ellas.
Aunque cifras oficiales evidencian una reducción del hurto a personas en la ciudad durante el primer trimestre de 2026, las autoridades intensificaron operativos que derivaron en la inmovilización de cientos de motocicletas por irregularidades. De igual forma, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso recientemente sanciones económicas a una de las principales plataformas por fallas en la atención al usuario y en los controles de seguridad.
Finalmente, Quintero concluye que Bogotá enfrenta un punto de inflexión. Advierte que, sin acciones coordinadas entre el Distrito, en especial la secretaría de gobierno, las alcaldías locales{ las empresas y la ciudadanía, persistirá un escenario de conflictividad en el espacio público que compromete la seguridad, la convivencia y la confianza institucional.
