Centro hospitalario transitorio de Corferias: el despilfarro de Claudia López

Teniendo en cuenta las denuncias que hicimos y atendiendo nuestra solicitud, la Contraloría de Bogotá, a través de una auditoria, generó una observación administrativa con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, por estudios previos inadecuados e imprecisos y falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en Corferias

Lunes 17 de enero de 2022

El 14 de enero de 2021, en el marco del debate de control político que hicimos para demostrar el pésimo manejo dado en salud a la pandemia por parte de la alcaldía de Claudia López, radicamos una solicitud a la Contraloría para que investigara el caso del centro hospitalario transitorio instalado en Corferias por presunto detrimento patrimonial en favor de un privado.

Cabe recordar que este centro hospitalario transitorio fue uno de los componentes proyectados dentro del Plan Distrital de Expansión diseñado por la Alcaldía, el cual tenía como objetivo principal el aumento de disposición de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en Bogotá. A partir de esto, la Alcaldía proyectó en primera instancia la necesidad de adecuar progresivamente más de 5 mil UCI-COVID-19, con las cuales debía contar la ciudad al finalizar mayo de 2020. La dinámica que se planteó para cumplir con este objetivo fue la de trasladar 2.000 pacientes hospitalizados por enfermedad de baja complejidad a Corferias, con tal de adecuar estas camas desocupadas en los hospitales como UCI para la atención de personas con COVID-19 que lo requirieran.

Los cálculos de necesidad de UCI variaron de manera improvisada, amañada y tardía, sin embargo, la administración distrital abogó sistemáticamente por la permanencia de la necesidad de 2.000 camas en Corferias para cumplir con el Plan trazado. No obstante, nunca se consiguieron en 2020 los objetivos de aprovisionamiento de UCI para la ciudad, motivo por el que tampoco se requirió la capacidad instalada en el centro hospitalario transitorio de Corferias. A pesar de esto, sin sustento objetivo y en favorecimiento de un privado, la Alcaldía insistió en pagar millonaria suma a Corferias.

De esta forma, teniendo en cuenta estas denuncias y la solicitud que hicimos, la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá nos dio la razón, aclarando y profundizando los argumentos expuestos en su momento, presentando como principales hallazgos los siguientes:

  1. 1. Durante el tiempo de ejecución del contrato se habilitaron 274 camas, de un total de 2.000 cubículos habilitados, es decir, se usó el 13.7% de la capacidad instalada.
  1. 2. En la época en que estuvo en funcionamiento el hospital transitorio se atendieron 515 pacientes, con una apropiación final de $20 mil millones de pesos, eso significa que cada paciente atendido en Corferias le costó al Distrito casi $39 millones.
  1. 3. Con base en lo anterior, según la Contraloría de Bogotá se configuró una “observación administrativa con incidencia Fiscal y presunta disciplinaria por $3.941.691.894, por estudios previos inadecuados e imprecisos, falta de medidas contractuales que contrarrestaran la baja ocupación de pacientes en el Centro Hospitalario Transitorio Corferias al no utilizar 1.726 cubículos/cama en la ejecución del contrato 02-BS-057-2020”.

En conclusión, ante la improvisación y la insistencia en un error que malversó cuantiosos recursos públicos cuyo único beneficiario fue un agente privado (Corferias) en vez de mejorar la infraestructura pública en correspondencia con el principio de gasto eficiente, solicitamos que:

  1. 1. La Personería de Bogotá y/o la Procuraduría General de la Nación investiguen la presunta comisión de faltas disciplinarias en el marco de este contrato.
  1. 2. Como consecuencia de este informe de auditoría, se abra el correspondiente proceso de responsabilidad fiscal para determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos con el fin de recuperar los dineros sustraídos al erario y buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público.

En todo caso, la responsabilidad política de semejante despilfarro en favor de un privado recae en el secretario de salud, Alejandro Gómez, y en la alcaldesa Claudia López y su modelo neoliberal con el que ha gestionado la pandemia y ha ejercido su gobierno en general.

 

Pie de página Heidy Sánchez

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