Según la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, una manera de corregir las externalidades negativas (contaminación y congestión) que genera el uso del vehículo privado motorizado, es a través de pagos o impuestos, lo que conduce a que el individuo que causa la afectación pague parte o la totalidad del costo social generado por él, dando como resultado menores incentivos a continuar con dicha actividad, es decir, a usar el vehículo.
Para la administración distrital, la imposición de una contribución que capture parte de ese costo social permite desincentivar el uso del vehículo particular.
Estas apreciaciones de la administración no tienen asidero en la realidad, ya que los estratos más altos que son los que tienen mayor acceso al vehículo privado y tienen altos ingresos, no van a dejar de usar su vehículo, simplemente porque tienen que pagar la contribución por el servicio de garaje. Seguramente van a pagar la contribución.
Lo que realmente pretende la administración con el cobro de la contribución por el servicio de garajes, -no es desestimular el uso del vehículo particular-, sino buscar recursos para superar el déficit del SITP.
La imposición de este nuevo cobro por el servicio de garajes, no solamente afecta los estratos altos, que además tendrán que pagar la valorización aprobada ayer en primer debate, sino que va a afectar seriamente a los estratos bajos que utilizan el vehículo como medio de trabajo y de transporte que tampoco lo van a dejar de utilizar por la imposición de este nuevo cobro.
En los hogares de vivienda de estrato 1 se registran 227 vehículos por cada 1.000 hogares; en el estrato 2, 304 vehículos por cada 1.000 hogares; en el estrato 3, 414 por cada 1.000 hogares y en el estrato 4, 765 vehículos por cada 1.000 hogares. Estas estadísticas muestran el impacto social y económico del que tendrá el cobro de la contribución por el servicio de garajes en los estratos medios y bajos, es bastante significativo. No solo solo se van a afectar los estratos 5 y 6, sino todos los estratos, y recordemos que en los estratos medios esta la gran mayoría de la población de la ciudad.
Estos estratos medios y bajos tendrán que ajustar y disminuir otros gastos en salud, recreación, etc., para poder pagar la contribución por el servicio de garajes.
De manera que no es cierto el argumento que con esta contribución se va a desestimular el uso del vehículo, se va a mejorar la calidad del aire y se va a incrementar el uso del transporte masivo, cuyo servicio no brinda suficientes garantías de comodidad, seguridad y oferta para que la gente se vea motivada a utilizarlo.
¿Será que la tarifa de la contribución va a ser tan alta que es capaz de disuadir a los propietarios de vehículos de no usarlos y dejarlos en la casa para subirse al transporte público con todas las dificultades que éste afronta? ¿O estos propietarios de vehículos van a asumir las externalidades negativas que generan y estarían dispuestos a pagar la contribución por el servicio de garaje?
El objetivo del proyecto es claro: obtener unos recursos para resolver los problemas financieros del SITP, pero a costa de la afectación de miles de personas especialmente de estratos medios y bajos.
La administración debe estudiar otras alternativas para resolver la situación financiera del SITP en vez de agudizar la situación económica de mucha gente que ya no tiene capacidad de pago para asumir nuevas cargas tributarias.
Este proyecto de acuerdo 459 de 2018 es inconvenientes y afecta a muchos hogares de estratos medios y bajos que utilizan el vehículo como medio de transporte y de trabajo.
Ya basta de medidas fiscalistas contra la clase media y los sectores populares. Cada año se les sube el impuesto predial a los contribuyentes vía actualización catastral, que es una especie de reforma tributaria disfrazada.
Se acaba de aprobar una nueva valorización que tendrá que pagar fundamentalmente la clase media.
En días pasados, los medios de comunicación informan sobre algunos temas que contendrá el llamado proyecto de ley de financiamiento que presentará próximamente el gobierno nacional al Congreso de la República, que contempla el incremento el IVA a algunos productos de la canasta familiar, incremento del impuesto de renta, etc. que indudablemente golpeará especialmente a la clase media.
Pareciera que las diversas administraciones pretenden con estas medidas fiscalistas acabar con la clase media en Colombia.
