Cobro de servicios públicos no tiene que afectar el bolsillo de consumidores en cuarentena

El año inmediatamente anterior, advertimos sobre el incremento en la tarifa del servicio de aseo por cuenta del cambio de la empresa encargada de su facturación, que dejó de ser Aguas Bogotá, para ser facturado por medio del recibo de la energía eléctrica, lo anterior como consecuencia de los desacuerdos entre dos de los operadores del servicio de aseo con la Empresa Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá –EAAB ESP.  

En este sentido, Promoambiental y Área Limpia decidieron terminar unilateralmente el contrato de facturación del servicio de aseo con la Empresa de Acueducto,  dando lugar a un nuevo contrato con Codensa. Esto afectó directamente a los usuarios del servicio, dado que en algunos casos tuvieron que asumir aumentos de hasta $1.600 pesos por periodo facturado.

En efecto, PromoAmbiental, cuyas localidades de operación son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, Usme y Sumapaz, anunció que los 650.000 usuarios del servicio asumirían un incremento de $300 mensuales por la prestación del servicio. Mientras que Área Limpia, que presta el servicio de aseo a la Localidad de Suba, con un aproximado de 413.000 usuarios, anunció que el incremento sería de hasta $1.600.

La consecuencia inmediata de esta decisión  fue un aumento significativo de quejas tramitadas ante la Superintendencia de Servicios Públicos, quien reportó un incremento en un 112% de las quejas por concepto del amento desmesurado en la facturación del servicio de aseo en Bogotá en los últimos tres años.

Ante esta situación, en el marco del debate de control político adelantado la semana pasada por la Bancada del Partido Liberal, solicitamos a los operadores PromoAmbiental y Área Limpia presentar un informe que diera cuenta de los estados financieros de cada una de estas empresas, junto con la justificación técnica e impacto del incremento en la facturación llevado a cabo el año pasado.

Cabe recordar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso de la República el año inmediatamente anterior, se aprobó la sobretasa al consumo de energía eléctrica como plan de salvamento para la empresa Electricaribe, cuyo valor adicional en la factura de energía se comenzó a cobrar a los residentes de estratos 4, 5 y 6, a los locales comerciales, a los establecimientos industriales y los consumidores no regulados del servicio.

Nuevos aumentos

Unos meses después de presentados estos aumentos y en el marco de la cuarentena obligatoria, los usuarios del servicio han reportado un nuevo incremento de las tarifas, pero esta vez por concepto del aumento en el cobro del servicio de energía.

Una usuaria del servicio reporto lo sucedido en redes sociales de la siguiente manera:

Ante esta situación, la empresa prestadora del servicio de energía manifestó que el aumento en la facturación en el segmento residencial durante el periodo de marzo a abril, presentó un incremento debido a dos factores:

1. 1. El primero, según la compañía, es el aumento del valor del kWh (Kilovatio hora) que es comercializado en la bolsa de energía como consecuencia del fuerte verano presentado a finales del 2019 y durante los primeros meses de 2020, ocasionando bajas hidrologías y disminución del nivel de los embalses para generar energía en el país.
2. 2. El segundo factor puede estar relacionado con un posible aumento del consumo de energía de los hogares, debido a la coyuntura actual que vive el país, por motivo del aislamiento preventivo por la COVID-19. Según la empresa, desde que inició el aislamiento se ha presentado un aumento del consumo de energía en los hogares del orden del 25 % con respecto a la época previa, y los sectores industriales y comerciales registran consumos inferiores cercanos al 18 %.[1]

Según explicó Lucio Rubio, director de director general de Enel en Colombia, en entrevista con el periódico El Tiempo, durante la cuarentena se seguirán aplicando los subsidios de ley para los estratos 1, 2 y 3. Con el fin de darles alivios financieros a nuestros clientes residenciales y comerciales, hemos implementado medidas como el pago diferido para los estratos 1, 2, 3 y 4. El primer cobro se presentará en la factura de agosto. Para el 1 y 2, un plazo máximo de 36 meses, y quienes paguen de forma oportuna tendrán un descuento del 10 %. Para el 3 y 4, el pago diferido será máximo de 24 meses. A los clientes de estratos 5 y 6 y comerciales e industriales se les ofrece acuerdos de pago.[2]

Adicionalmente, Enel-Codensa indicó que “durante el periodo de emergencia sanitaria, no se causará intereses por mora para los clientes residenciales que registren atraso en el pago de las facturas o que hayan accedido a una financiación”. No obstante, aclaró que “si el cliente ya cuenta con una deuda existente previa a la emergencia, sí encontrará los intereses de mora reflejados”.[3]

Eficiencia energética

Según datos compilados por el regulador peruano de inversión en energía y minería, Osinergmin, entre los países latinoamericanos Uruguay tiene la tarifa residencial más alta para los usuarios que consumen hasta 125kWh al mes y Paraguay la más barata. En Colombia,  para el segundo trimestre de 2019 se pagaba $12,23 centavos de dólar por KWh.[4]

Tabla 1Tarifas residenciales de electricidad - Consumo mensual hasta 125kWh

    Fuente: bnamericas

Cabe mencionar que los componentes que determinan el valor de la energía eléctrica se desagregan de la siguiente manera:

COSTO UNITARIO KWh= GENERACION + TRANSMISION +

COMERCIALIZACION + PERDIDAS + RESTRICCIONES

La Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG- es la encargada de definir los paramentos y formular qué se debe incluir para calcular cada una de las variable mediante una resolución.

Un estudio contratado por el Estado colombiano con el objetivo de identificar los factores que impedían  la reducción de los precios de la energía, determinó  cuáles eran las dos principales fallas:

1. 1. La gran concentración de la oferta, y
2. 2. El alto grado de integración vertical, directa e indirecta, de parte de algunos agentes que causan distorsión y pueden abusar de su posición dominante.

Los resultados del estudio reflejaron que la CREG debía ejercer su poder regulatorio para que el mercado funcione apropiadamente al interior de la bolsa de energía. Adicionalmente, en respuesta a las recomendaciones del estudio, fue expedida la Ley 1715 de 2014, la cual busca promover una mejor gestión de la energía.[5]

El actual contexto implica tomar medidas que beneficien a los hogares y a las empresas colombianas que se están viendo gravemente afectadas por la cuarentena obligatoria y por el aumento en las tarifas de servicios públicos. Por tal razón, es necesario que se adelante un debate nacional sobre los impactos que ha tenido la Ley referenciada, para lograr determinar si ha incidido en la disminución de los costos de la energía.

Para finalizar, queda claro que se sigue afectando el bolsillo de los ciudadanos, por lo cual es muy importante que al interior del Concejo de Bogotá se presente una respuesta bien justificada por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos, así como unas propuestas y soluciones para ayudar a mitigar el impacto negativo que tiene el aumento de las tarifas en un contexto en el que, primero, se ha incrementado significativamente el consumo de servicios como la energía y el agua; y, segundo, cientos de ciudadanos no han podido ejercer sus actividades económicas como consecuencia del aislamiento obligatorio por cuenta de la emergencia sanitaria, razón por la cual no tienen manera de asumir los elevados costos de los servicios públicos.

Asimismo, es importantes que la  Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP- adopte medidas para mitigar el impacto de la situación que se está generando por el aumento en el consumo de los servicios y en el aumento en las tarifas cobradas.