Las Comisarías de Familia son organismos muy importantes en nuestro país para el manejo de los temas relacionados con la violencia intrafamiliar, maltrato infantil, delitos sexuales, violencia de pareja, conciliaciones en materia de alimentos, visitas, custodia y fijación de alimentos, sanciones a jóvenes infractores de normas de convivencia, entre otros.
Según la Ley 1098 de 2006, son entidades distritales, municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y su misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de un núcleo familiar en el que se hayan presentados casos de violencia intrafamiliar.
Durante la pandemia han sido muy importantes para miles de familias que acuden a solucionar sus conflictos. Las parejas acuden por orientación y las mujeres niños y adolescentes pueden denunciar y recibir protección por los malos tratos que sufren en su casa o violencia verbal, física, psicológica o sexual. Son espacios para dialogar y conciliar, donde se asesora la familia sobre sus derechos y deberes, se les protege y se les da orientación.
En la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, las comisarías aumentaron sus canales de comunicación y muchas de las víctimas, aunque denunciaron, no pudieron alejarse de sus victimarios porque, dadas las circunstancias ello no era posible. Se evidenciaron fallas en el seguimiento de los casos, en los procesos de selección de personal con enfoque de género y surgió la necesidad de contar con personal adecuado para dar un mejor acompañamiento psicosocial a las víctimas, especialmente a las mujeres.
Precisamente, en este contexto y para proteger a las mujeres agredidas, el Ministerio de Justicia ha adelantado varias acciones para prevenir, judicializar y sancionar el feminicidio en Colombia y concretamente reducir la violencia en el contexto familiar. Esto a través de la consolidación de una política pública en prevención y atención de las violencias de género y la necesidad de fortalecer a los operadores de justicia que atienden las victimas y judicializan a los agresores. En este tema hay algunas carencias y por eso el Ministerio ha impulsado iniciativas como el proyecto de ley para reformar las comisarías de familia, que al cierre de esta legislatura se aprobó en el Senado en último debate y que pasará a sanción presidencial.
Se trata del proyecto “por el cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones. Busca prevenir la violencia de género en el contexto familiar y proteger y atender oportunamente a quienes sean víctimas de ella. Dará solución a tres problemas principales: el diseño institucional de las comisarías de familia, las dificultades para lograr un buen desempeño y la carencia de un sistema de información; además de proteger a mujeres, niños, adolescentes y a toda la familia.
El proyecto establece al Ministerio de Justicia y del Derecho como ente rector para ejercer facultades de inspección, vigilancia y control y garantizar una orientación técnica del trabajo de las comisarías. Esta cartera llevará un registro de las comisarías, y podrá solicitar, verificar y analizar la información necesaria para constatar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de las mismas. Podrá sancionar a las alcaldías distritales o municipales, o a las comisarías cuando estas hayan cometido infracciones y falten a las garantías del debido proceso.
La nueva norma busca garantizar el acceso a la justicia con una mejor atención especializada e interdisciplinaria por parte del comisario de familia, y los profesionales en psicología y trabajo social. Depura las funciones de los comisarios de familia y de su equipo, para que correspondan de manera más precisa a su objetivo misional, delimitando su rango de acción para que se enfoquen en la atención de casos de violencia en el contexto familiar. Dignifica el trabajo del personal de las comisarías, mejorando sus condiciones y evitando que se sobrecarguen laboralmente. Robustece los procesos de formación en las comisarías, incrementando el conocimiento en asuntos de género y discriminación, para así perfeccionar la atención en los casos de violencia por razones de género.
Crea la estampilla para la justicia familiar como fuente propia de financiación del proyecto, con el fin de superar las limitaciones presupuestales que afectan los derechos de las víctimas de violencia en el contexto familiar y su revictimización, ante la carencia de adecuadas condiciones en materia de talento humano, infraestructura y dotación a quienes ejercen la función.
Ordena la utilización de un dispositivo de distanciamiento y alerta de aproximación de control telemático para alertar a la víctima, a la Policía Nacional y autoridades en tiempo real sobre el quebrantamiento de la medida, con el fin de que los agresores no puedan acercarse a las víctimas. Estos dispositivos serán sufragados por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSET), de la entidad territorial departamental en la que se ejecute la medida.
Crea un sistema único de información que registrará los datos establecidos en sus lineamientos técnicos, medidas de protección y sanciones impuestas, con el fin de hacer un seguimiento para que ninguna agresión tenga un fatal desenlace, como el feminicidio. Busca garantizar la atención de los casos y la efectividad de las medidas preventivas y de mitigación del riesgo en la violencia intrafamiliar.
Esta iniciativa y las que se puedan implementar, son pocas debido a urgente necesidad de proteger la vida de las mujeres expuestas a violencia intrafamiliar. En mi gestión particular, fui el autor del Acuerdo 676 de 2017, del Concejo de Bogotá, que establece los lineamientos para prevenir la violencia basada en género y el feminicidio en la ciudad, así como la construcción y difusión una “Ruta Unica de Atención a mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de feminicidio”. Desde mi esquina seguiré trabajando para defender los derechos y deberes de la familia, especialmente de las mujeres y de las poblaciones vulnerables; para que los operadores de justicia estén preparados para atender a las víctimas y les ofrezcan todas las garantías de protección que sean posibles. Es un trabajo de todos los involucrados, 24 horas, 7 días a la semana. ¡Sin descanso!
