En el marco de la continuación del debate de control político sobre las Comisarías de Familia del Partido Liberal, el concejal Armando Gutiérrez González recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la violencia intrafamiliar destruye la unidad y la armonía familiar. Tan solo en 2022 en Bogotá 23.000 personas fueron víctimas de violencia intrafamiliar, de las cuales 74,5% fueron mujeres y 25,5% hombres. En menores de edad se reportaron 5.950 casos y en personas mayores 2.239. Las localidades con mayor índice de esta problemática son Ciudad Bolívar, Suba, Barrios Unidos y Bosa, donde pidió fortalecer el accionar de las autoridades competentes. Garantizar los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia basada en género es algo que no depende sólo de las comisarías, pues es apenas el primer eslabón en la cadena de responsabilidades. Existen otras instancias estatales, ya sea de carácter nacional o distrital, para activar la ruta de atención. Sin embargo, no basta con tener dicha ruta, sino que se requiere contar con la oferta de servicios institucionales de todas las entidades, buscando además la coordinación de las mismas para garantizar las medidas de protección.
El concejal mostró un panorama de los principales problemas de las comisarías. En principio, conforme a la Procuraduría, hay un déficit de cobertura a nivel nacional y distrital, donde sólo se ha considerado un factor de densidad poblacional, pero no de la demanda de servicio ni de la carga laboral de los funcionarios. Hay también insuficiente personal al interior de estas entidades, que conlleva, en parte, al incumplimiento de las medidas de protección, toda vez que no es posible hacer un seguimiento riguroso a cada caso. Preguntó a la Administración sobre las metas del Plan Distrital de Desarrollo para mejorar temas de contratación, de coordinación y de dotación, pues de no avanzar en ello, se corre el riesgo que se desborden las comisarías y sus funcionarios, llevando a un posible síndrome de burnout por la interacción constante con realidades complejas e impactantes, por lo cual también se debe mitigar el riesgo psicosocial de las y los trabajadores de estas entidades por medio del sistema de salud y seguridad en el trabajo.
Prosiguió a resaltar algunas recomendaciones dadas por la Defensoría del Pueblo. El ente ha señalado la urgencia de una reforma a las comisarías de familia, pues se le han atribuido unas competencias que desbordan su naturaleza jurídica y que terminan sobrecargando a estas entidades. La infraestructura física requiere de una revisión integral y asignación de recursos para garantizar una adecuada prestación del servicio a los ciudadanos en condiciones de dignidad. Concluyó que la precariedad en que vienen trabajando algunas comisarías no es una percepción subjetiva, sino que es un hecho real y reiterativo que debe ser atendido. Solicitó que las entidades competentes realicen un diagnóstico sobre cómo se ha mejorado el servicio desde su misionalidad, al igual que las condiciones laborales de los equipos. En últimas, las comisarías deben ser fortalecidas presupuestalmente para lograr un servicio óptimo que responda a las necesidades de niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores, que sean víctimas de violencia intrafamiliar.
Partido Liberal Colombiano
