"El Plan de Desarrollo tiene 600 páginas y toca todos los temas de la ciudad, es un acuerdo de programas generales y de su eventual ejecución y, por tanto, es tramposo que en poco tiempo y enredado en un proyecto tan amplio se ponga al Concejo a discutir sin seriedad ni profundidad una propuesta de tanta trascendencia como la privatización de una de las empresas más importantes del Distrito", afirmó el concejal del Polo.
Sarmiento advirtió que el artículo incluido en el Plan sobre la enajenación de ETB es ilegal porque, según la Ley 152 de 1994, el gobierno distrital no puede incluir facultades que autoricen al Alcalde a enajenar el patrimonio público. Y explicó que además Peñalosa ha actuado de manera tramposa, porque en el anteproyecto del Plan, el que se le entregó al Concejo Territorial de Planeación y que se puso a disposición de la ciudadanía para la discusión, no se incluyó esta propuesta de privatizar la ETB. Ahí se evidenció otra clara violación del derecho a la participación, al evadirse el debate público sobre la venta de uno de los patrimonios públicos más importantes de la ciudad.
Así como el Polo rechazó en 2011 los intentos de Samuel Moreno de acomodar un 'socio estratégico' en ETB y luego el proyecto de venta que Juan Manuel Santos presentó a través de la alcaldesa ad hoc, Cristina Plazas, hoy se pondrá a la cabeza de la resistencia contra las ambiciones privatizadoras de Peñalosa, recordó Sarmiento.
La inconveniencia de esa propuesta está, entre otras, en la pérdida de una fuente permanente de ingresos para el Distrito y existe el riesgo de consolidar un oligopolio privado de las telecomunicaciones, Bogotá es el mercado más dinámico y grande del país, ETB juega un papel de regulador en bienestar del consumidor. Varios estudios muestran que la posición dominante de las multinacionales en el sector de las telecomunicaciones le cuesta 8 billones de pesos a los colombianos por año. Sarmiento, finalmente, invitó a los ciudadanos a unirse en el más amplio frente ciudadano, político y social contra la privatización de la ETB y evitar un nuevo detrimento al patrimonio público de la Capital.
