El concejal Sarmiento recalcó que “el Decreto Ley 2400 de 1968 señala con toda precisión que para funciones de carácter permanente no podrán celebrarse contratos de prestación de servicios y que la Corte Constitucional lo reiteró así mediante la Sentencia C-614 de 2009”. En el caso de Bogotá esta irregularidad se ha certificado por la Contraloría.
Sarmiento agregó que “a pesar de que las peticiones de los sindicatos tienen propósitos completamente legales, están siendo desoídas y que, al contrario, lo que se prepara a partir del 30 de junio venidero -por la administración de Enrique Peñalosa- es una desvinculación masiva de personal, una masacre laboral, y nuevos enganches con iguales formas precarias de contratación como las órdenes de prestación de servicios, las plantas temporales, todas ellas prácticas violatorias del principio del mérito de la función pública y que desnaturalizan el ejercicio de la administración pública además que menoscaban la prestación de servicios ciudadanos”.
Finalmente, el concejal Sarmiento respaldó a las centrales obreras, a los trabajadores estatales de las entidades, de los hospitales y de las empresas públicas en la movilización por el cumplimiento del derecho a la estabilidad laboral y a la contratación directa y en contra de toda forma de tercerización y precarización laboral.
--
