La Concejala Susana Muhamad y la bancada de la Colombia Humana en el Concejo de Bogotá, se reúne en la procuraduría este miércoles 8 de Julio, para pedir que se inicie una investigación disciplinaria, contra el Ministro de Cultura, Salud, Educación y el Departamento Nacional de Planeación -DNP-, así como a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., la Secretaría Distrital de Salud, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá -ERU- y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC-por las acciones y omisiones en que han incurrido y que ponen en alto riesgo el patrimonio cultural, histórico, simbólico, estético y médico que representa para la Capital de la República y el país, el Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá.
Estos son los incumplimientos:
1. Incumplimiento de la Ley 735 de 2002, que declaró al Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil como monumento nacional y ordenó su restauración y puesta en funcionamiento como hospital universitario, gratuito y de alta complejidad.
2. Incumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Complejo Hospitalario San Juan de Dios elaborado por la universidad Nacional de Colombia, donde se categorizó al edificio central en el Nivel 2. Conservación de Tipo Arquitectónico (que no puede ser demolido) y que debía ser objeto de reforzamiento estructural para convertirse en el hospital general y columna vertebral de la reapertura y conservación del San Juan de Dios.
3. Incumplimiento de la sentencia del 23 de noviembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó la reapertura del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno infantil mediante el cumplimiento del PEMP y conforme a los lineamientos de la Ley 735 de 2002, nunca bajo el supuesto que se debía demoler el Edificio Central.
El riesgo inminente de la demolición del Edificio Central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios por parte de la administración del Distrito Capital, además de ser un acto contrario a la ley y violatorio de una sentencia judicial en firme, configuraría un perjuicio irreversible al patrimonio médico, histórico, cultural, simbólico, estético, social y a los derechos fundamentales y colectivos de cientos de miles de bogotanos y colombianos a quienes se les privaría de la prestación de un servicio de salud de alta complejidad y gratuito; así mismo de los demás servicios de investigación y docencia universitaria, por eso como bancada nos oponemos y pedimos un pronto accionar por parte de la procuraduría.
