En el año 2016 se firmó un contrato para que el Río Bogotá entrara en una etapa de desinfección y tratamiento de sus aguas. Pero en la ejecución de este, que es de suma importancia para el medio ambiente de la ciudad, se han presentado varios hechos que afectan gravemente las aguas del río, siendo cargadas con toneladas de químicos.
Además, los contratistas dejaron una planta inservible y sin manuales de funcionamiento.
El contrato contemplaba que si se incumplía con la ejecución de la obra el contratista debía pagar una multa millonaria, pero por orden de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el acueducto de Bogotá está sopesando el incumplimiento de los contratistas, que además no han tenido que cancelar las sanciones que se encuentran consignadas en los hitos de la adjudicación.
En este orden, los que tendrán que pagar por el intento de funcionamiento de este elefante blanco serán los usuarios del Acueducto, que posiblemente verán reflejados en sus facturas estos sobrecostos.
Y de remate, por vía judicial la magistrada Nelly Yolanda Villamizar está obligando a la administración a que reciba esta obra inconclusa.
Nos queda una pregunta ¿por qué toma esta decisión la magistrada? ¿A quién beneficia? Porque a Bogotá y a los ciudadanos no es.
