Este lunes, la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá citó a la Administración Distrital y a los operadores privados para debatir sobre las presuntas irregularidades en el cobro y prestación de los servicios públicos de Bogotá.
El concejal Óscar Ramírez, citante principal del debate, inició las intervenciones de los cabildantes cuestionadoel convenio de alumbrado público que existe con Enel -Codensa y los beneficios que decretó la Alcaldía de Bogotá para el cobro del servicio de aseo en época de pandemia. “Ese convenio es gravísimo porque no es un contrato de concesión que tenga claro un plazo de terminación o la modernización de la infraestructura de alumbrado público de Bogotá”, aseguró.
“El Decreto Legislativo 580 de 2020 del Gobierno Nacional comprendía alivios de subsidios más altos que los que decretó el Concejo de Bogotá en 2016 y los que aplicaron las empresas de servicios públicos de Bogotá en pandemia. El gran beneficiado fue el estrato 4 por ser el estrato referencia para estos cobros en la capital”, añadió el concejal Óscar Ramírez.
A su turno, el concejal Andrés Forero presentó su preocupación por la recolección de basuras de Bogotá y el robo de elementos clave en la recolección, barrido y limpieza de la ciudad: las canecas. “Aunque ha habido denuncias sobre el robo de luminarias, quiero hacer uso del derecho de petición verbal para preguntarle a la Secretaría del Hábitat y a la UAESP cuál es el plan de sustitución de las canecas que han sido hurtadas y su cronograma de instalación”, afirmó.
La concejala Diana Diago inició su intervención preguntándole a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, qué pasó con las promesas que hizo cuando inició la pandemia en marzo de 2019. “La pandemia no se ha ido. Los negocios siguen cerrando. Pero qué se va a hacer desde el Distrito para ayudar a los ciudadanos. Obviamente subieron los servicios porque la gente pasa más tiempo en la casa, pero los bogotanos denuncian incrementos de hasta el 100%”, dijo.
Al finalizar la bancada del Centro Democrático, los concejales Rolando González y Yéfer Vega, de la bancada de Cambio Radical, revelaron más detalles de los incrementos en las quejas de los usuarios de empresas como Vanti y Enel - Codensa, prestadoras de los servicios de gas natural y energía eléctrica, respectivamente.
Para el concejal Rolando González, los principales afectados por las presuntas irregularidades y cobros excesivos de Vanti han sido los comerciantes. “Identificamos que las solicitudes ciudadanas se incrementaron en un 62% entre 2019 y 2020. En el año 2019 hubo 50.541 solicitudes y en 2020 81.880”, aseguró. Asimismo, se refirió sobre el uso que le ha dado esa empresa a la figura de la recuperación por consumo, modelo que se aplica cuando una empresa considera que el usuario no pagó lo que debía por el servicio.
Mientras tanto, el concejal Yéfer Vega centró su intervención en el número las quejas que, por ejemplo, en el caso de Enel – Codensa, pasó de 14.194 en marzo de 2020 a 110.500 en mayo del mismo año. Es decir, las reclamaciones aumentaron en 8 veces. “Yo quiero saber qué está haciendo la Administración Distrital para establecer por qué han aumentado las inconformidades de los ciudadanos. Este tema merece atención. Además, por qué siguen presentándose casos de facturación excesiva en comercios que prácticamente se la han pasado cerrados”, aseguró el concejal.
Finalmente, tres ciudadanos dieron a conocer sus casos particulares. En estos, las multas por presunto uso inadecuado del medidor de gas o por conceptos de recuperación de consumo ascienden hasta los 20 millones de pesos.
“Empezamos este viacrucis cuando el técnico de Vanti se llevó el medidor del restaurante. Después de eso me llega una factura por más de 18 millones de pesos por recuperación de consumo", aseguró Jorge Beltrán, ciudadano inconforme por los cobros de gas natural.
Igualmente le ocurrió a Edward Alfaro, “señores de Vanti, somos personas honestas. No somos ladrones. Solo queremos salir adelante", señaló este comerciante, quien denunció cobros exagerados por más de 20 millones de pesos en su factura.
Alfonso Jiménez, veedor ciudadano, afirmó también que “Vanti está violentando los derechos de los ciudadanos al hacer montajes para ponerles sanciones pecuniarias".
Este debate de control político continuará el próximo 8 de abril con la intervención de la Bancada del Partido Dignidad, en cabeza del concejal Manuel Sarmiento y las intervenciones de la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel, la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, Luz Amanda Camacho, la gerente del Acueducto de Bogotá, Cristina Arango y los representantes de las empresas privadas prestadoras de servicios públicos.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Concejo de Bogotá
