Este martes 4 de mayo la sesión de la Comisión de Gobierno transcurrió de manera inusual porque en lugar de seguir el orden acostumbrado, inició con las editoriales y comunicaciones de los concejales que solicitaron la palabra. En estas, todos, manifestaron su preocupación frente a los hechos de violencia que han sido denunciados y documentados en Bogotá y otras ciudades del país.
Quien solicitó este cambio en el orden del día fue la concejala Heidy Sánchez. Ella manifestó que es lamentable todo lo que está ocurriendo en el país. Según dijo, son innumerables las denuncias de abuso por parte de la fuerza pública que ha recibido desde el pasado 28 de abril, no solo de Bogotá sino de muchas ciudades y municipios de Colombia. También criticó el papel de muchos medios de comunicación que, para ella, no informan todo lo que está sucediendo y por eso ha estado del lugar de los marchantes, atendiendo sus denuncias y compartiéndolas en sus redes sociales.
El presidente de la Comisión de Gobierno, concejal Julián Rodríguez compartió la angustia que siente por lo que está sucediendo en el país. Para él, la fuerza pública ha jugado un rol protagónico en contra de la ciudadanía. Él invitó a la institucionalidad a recuperar la confianza de los colombianos, pero hizo énfasis en la necesidad de que paren los hechos violentos en los que los jóvenes han sido víctimas.
La concejal María Victoria Vargas lamentó la militarización de las protestas y las muertes que ha habido desde el 28 de abril. Ella también llamó a los concejales a dejar las recriminaciones a un lado porque, para ella, todos los políticos son responsables de alguna forma por la realidad que atraviesa Colombia. También invitó a los cabildantes a reflexionar sobre lo que pueden hacer para que los hechos de pánico y de terror no sigan.
Para la concejal Lucía Bastidas es necesario pensar si de verdad los concejales quieren una solución de diálogo o espacios que solo coincidan con sus ideales políticos y posturas frente a las más recientes jornadas de protestas. Asimismo, condenó todos los actos de violencia contra los derechos humanos de los civiles que marchan pacíficamente, pero también condenó que haya civiles atentando contra la fuerza pública.
El concejal Carlos Carrillo invitó a hablar sobre el futuro de la movilización. Para él, las jornadas de protestas no van a parar porque las cosas no van a volver a ser como antes en el país. También señaló que hay una enorme crisis de legitimidad de los medios de comunicación, los partidos políticos y la institucionalidad, y lo que estamos viendo en las calles es una demanda de cambios profundos.
Otra de las concejales en referirse frente a los hechos de violencia de la última semana fue Ana Teresa Bernal. Ella manifestó no estar de acuerdo con el uso de la violencia en las movilizaciones sociales, pero sí con la desobediencia civil. Para ella, en Colombia hay suficientes razones para querer protestar y querer salir a las calles, como el robo al erario y la crisis económica y social.
La concejala Susana Muhamad hizo un llamado al diálogo entre el presidente Iván Duque y los actores de la movilización. Según la cabildante, la juventud de los barrios populares de Bogotá es la que está en las calles, pero también hay un Comité del Paro, e indígenas y ciudadanos de clase media que, entre todos, conforman una porción importante del país. La concejala aseguró que cuando no hay interlocución política se escala en la violencia.
El concejal Manuel Sarmiento también reiteró el rechazo a la represión que han sufrido ciudadanos en todo el territorio colombiano. Llamó la atención sobre los videos que ha recibido, en donde hay la fuerza pública, conformada por policías, agentes del ESMAD y uniformados del Ejército, disparando de manera indiscriminada contra personas desarmadas que, en su mayoría, se movilizaban de forma pacífica.
El concejal Julián Espinosa también lamentó los hechos violentos que ha habido en Cali y los abusos policiales en la localidad de Kennedy en Bogotá. De acuerdo con él, este es un momento difícil para la historia del país y, por eso, el presidente debe liderar un diálogo nacional para reconciliar a las regiones.
El concejal Álvaro Argote también rechazó estos actos y le pidió a la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, convocar una sesión con el gobierno nacional y local para que informen, de manera oficial, cuál es la situación de Bogotá en este momento y las consecuencias que han generado los hechos de violencia. También solicitó que en esta sesión estén representantes de la fuerza pública y organizaciones de derechos humanos.
Para el concejal Carlos Fernando Galán, como líderes políticos, los concejales tienen la responsabilidad de pensar por encima de sus aspiraciones personales. Él señaló que el país espera altura y grandeza y, por ello, los cabildantes deben pensar cómo contribuir a que cese la violencia y establecer el camino del diálogo.
En su intervención, el concejal Diego Cancino enumeró algunos casos de violación de derechos humanos por parte de la Policía y las Fuerzas Militares. Denunció que el Gobierno Nacional quiere militarizar el país y en esas acciones atenta contra el artículo 12 de la Constitución Política, en el que se consigna que nadie puede atentar contra nadie, aunque piense o hable diferente.
El concejal Andrés Forero también lamentó la situación que vive el país y rechazó los casos de abuso policial y el uso indebido de la fuerza por los agentes del Estado. Sin embargo, calificó de terrorismo a un saqueo e incendio que hubo en Cali y calificó como legítimo el accionar de la fuerza pública cuando interviene en hechos como estos y recupera el orden.
La presidenta de la corporación, María Fernanda Rojas, rechazó las afectaciones a la infraestructura pública, pero hizo énfasis en que es más cuestionable que en estas infraestructuras ocurran presuntas torturas contra ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan. La concejala solicitó a la Procuraduría General y a la Defensoría del Pueblo equipos nocturnos que acompañen las movilizaciones sociales y garanticen el respeto de los derechos humanos, además manifestó que elevará una solicitud a la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que se conforme una misión internacional de verificación por las presuntas violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas en desarrollo de las manifestaciones.
El concejal Marco Acosta aseguró que es evidente la indignación ciudadana y por eso apoya la protesta pacífica. Sin embargo, mencionó la presencia de actores que quieren estigmatizar la protesta y aprovechar estos espacios para cometer actos vandálicos. Para él, las muertes de todos lados generan incertidumbre e invitó a que, desde cada liderazgo político, se fomente una mesa de diálogo.
A su turno, el concejal Diego Laserna reiteró que hay responsables de la violencia desde varios sectores y que, para él, no hay un escenario de víctimas o victimarios claro. Además, insistió en que la fuerza pública no puede perder el profesionalismo en el uso de las armas que le ha dado el Estado.
El concejal Yéfer Vega también rechazó el ataque que recibió en las últimas horas un periodista en Neiva e indicó que, según la Fundación para la Libertad de Prensa, 33 periodistas han sido blanco de abusos en el cubrimiento de las protestas.
Finalmente, la concejal Marisol Gómez preguntó cómo van a concretar todas las propuestas que mencionaron durante esta sesión los concejales y los invitó a incluir a la Personería y a la Defensoría en estas discusiones para garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
En la próxima sesión de la Comisión de Gobierno se desarrollará la agenda que se tenía planeada para este martes.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Concejo de Bogotá
