Este viernes 9 de abril, el Concejo de Bogotá lideró un foro y un debate de control político en honor a las víctimas del conflicto armado del país y de la capital. En esta oportunidad, los cabildantes de la ciudad querían conocer cómo ha avanzado el Distrito en la política de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de Bogotá, todo en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas.
El primer invitado en participar en este foro fue Vladimir Rodríguez, Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, quien le contó a los concejales qué se ha hecho por las más de 300.000 víctimas que hay en la ciudad.
Ante el panorama presentado por el Alto Consejero, la presidenta del cabildo distrital, María Fernanda Rojas, dijo: “queremos reconocer el rol de las mujeres que han trabajado por el reconocimiento de las víctimas, siendo ellas las más afectadas por el flagelo de la violencia en Colombia”, e hizo además una mención especial a todas las mujeres que han levantado su voz y han sufrido la persecución, a nombre de la mesa directiva, que, por primera vez está conformada completamente por mujeres.
La concejala Lucía Bastidas dio inicio al debate de control político citado por las bancadas del Partido Verde y la Coalición Colombia Humana – UP, en el que aseguró que “la paz no puede ser solo con unos. Todas las víctimas tienen que ser importantes y no todos tenemos que pensar igual”. “Nadie quiere la guerra”, puntualizó.
De ese mismo partido también intervino el concejal Julián Rodríguez quien responsabilizó al Gobierno Nacional por el manejo que le ha dado a la implementación del Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con las FARC. “El conflicto armado está vigente y hay una clara incompetencia del Gobierno Nacional para consolidar la paz territorial y asegurar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de los ciudadanos”, dijo.
A su turno, el concejal Luis Carlos Leal hizo énfasis en que el Estado debe garantizar la protección de los más indefensos: los menores de edad. "La próxima semana presentaré un Proyecto de Acuerdo que es una alerta temprana para detectar el reclutamiento de niños y niñas e involucrar a la ciudadanía para evitar nuevas víctimas en Bogotá", anunció.
Mientras que la concejala María Clara Name enfocó su intervención en los programas que deberían existir desde la institucionalidad para cubrir las necesidades de las víctimas que ha dejado el conflicto armado. “Las víctimas residentes en Bogotá manifiestan que hay dificultades en materia de vivienda y salud y no tienen cómo acceder a algún tipo de ayuda que les permita satisfacer esas necesidades básicas", afirmó.
Como vocera de la Coalición Colombia Humana – UP participó la concejala Ana Teresa Bernal. Ella analizó la Política Distrital de Víctimas y se refirió a las falencias que existen en materia de rehabilitación y reparación. “A las víctimas no podemos seguirlas revictimizando. La mayoría de las víctimas ha sufrido desplazamiento forzado y la Corte ha dicho que debemos garantizarles la vivienda”, añadió.
En cambio, la concejala Heidy Sánchez hizo un homenaje a los militantes de la Unión Patriótica que fueron asesinados y rememoró los hechos de violencia que llevaron a la extinción de este movimiento político. “A pesar de todo lo que nos pasó, seguimos siendo el partido de la vida y la esperanza. No vamos a permitir que la vida y obra de estos dirigentes haya sido en vano”, señaló.
La concejala Susana Muhamad se refirió a los fenómenos de paramilitarismo que existen actualmente y a los hechos de violencia que dejaron civiles muertos en Bogotá y Soacha entre el 6 y 9 de septiembre del año pasado. “Las semillas de la Paz mal implementada nos están generando problemas de victimización en Bogotá”, aseguró.
Al finalizar estas intervenciones, Maritza Buitrago, Maira Nieto, María Medina, Carlos Villarraga y Marcela Rico, en calidad de víctimas por el asesinato de sus familiares y la persecución por sus ideales políticos, le pidieron al Gobierno Nacional ser reconocidos como víctimas del Estado, ser escuchados en sus requerimientos y protegidos de los mensajes de odio que profesan miembros de la política nacional y de la bancada de gobierno.
El concejal Marco Acosta también presentó una radiografía de las víctimas en la capital del país, en cuanto al número de afectados que ha dejado la intolerancia e hizo un llamado a proteger los derechos de las personas que se han visto violentadas en razón a su fe religiosa.
La concejala Ati Quigua también denunció la desigualdad que, para ella, persiste en Bogotá y le solicitó a la Administración Distrital atender a las minorías que viven, principalmente, en las periferias. “En el debate de hoy es necesario hablar de desigualdad y racismo hacia las poblaciones indígenas, negras y raizales de Bogotá, porque está ciudad relega a las peores condiciones a estos grupos de personas”, dijo.
La concejala Marisol Gómez celebró las medidas que ha tomado la alcaldía de Claudia López para satisfacer las necesidades de las víctimas de Bogota e implementar el Acuerdo de Paz y la justicia restaurativa. También anunció la presentación de un Proyecto de Acuerdo para que víctimas, excombatientes y sus hijos sean capacitados como guías de reconciliación del Museo de la Memoria que se construye actualmente en Bogotá.
La última cabildante en intervenir fue la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá Carolina Arbeláez, quien pidió claridades frente a los auxilios que ha dado esta Administración a las víctimas del conflicto en medio de la pandemia por COVID -19. "Me causa curiosidad que apenas se decretó el estado de emergencia se ayudaron a todas las víctimas; pero desde junio del año pasado solo hubo ayudas para una porción mínima. Las víctimas deben ser priorizadas en la Bogotá Cuidadora", aseguró.
La Alcaldía de Bogotá también presentó al finalizar el debate sus proyectos, programas y logros en el trabajo con las mujeres y víctimas del conflicto armado de Bogotá. Como voceros de la Administración Distrital estuvieron Diana Rodríguez, Secretaria de la Mujer, Xinia Navarro, Secretaria de Integración Social y Vladimir Rodríguez, Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
Concejo de Bogotá
