El Concejal Rolando González denunció la firma de un contrato “a dedo” el pasado 31 de diciembre de 2020, por $4.590 millones con Aguas de Bogotá, para el manejo de los residuos mixtos (de demolición y construcción) que deben llegar al denominado Punto Limpio en Ciudad Bolívar.
Resulta muy grave y cuestionable que este contrato (Convenio 778 de 2020) contempla enormes sobrecostos del 266%, que para el cabildante NO se justifican, pues en el mes de marzo se firmó con el mismo operador, las mismas actividades y por el mismo periodo de tiempo (6 meses), un contrato por un valor de $1.723 millones (Convenio 211-2020), es decir, $2.867 millones menos.
La actual directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, le quitó el manejo de estos residuos mixtos en marzo pasado, al operador del Relleno Sanitario para darle “a dedo” estas funciones a Aguas de Bogotá, sin tener en cuenta a otros proponentes o empresas idóneas para cumplir con esta labor.
Adicionalmente, de acuerdo con lo investigado por el concejal González, a este contrato le colgaron actividades que no son propias del objeto, como arreglar y reparar la maquinaria y equipos propios de la operación si presentan fallas mecánicas, lo cual considera un exabrupto.
PUNTO LIMPIO ESTARÍA GENERANDO AFECTACIÓN AL RECURSO FORESTAL
Otra irregularidad evidenciada por el Cabildante es que este Convenio se ejecuta en el predio Buenos Aires que fue adoptado como “Punto Limpio”, terreno que no cumple los requisitos ambientales para operar como sitio de separación y aprovechamiento de residuos.
Según la investigación, aún cursa un proceso sancionatorio (Auto 3194 del 15 de septiembre de 2020) por parte de la Secretaría de Ambiente en contra de la UAESP por presuntas irregularidades en el uso del suelo y afectación al recurso forestal.
Para el concejal existe un desgreño administrativo en este convenio y pidió a la Contraloría Distrital y a la Personería de Bogotá investigar estos hechos. “No es la primera vez que la Doctora Camacho se salta los aspectos jurídicos y ambientales a la hora de firmar un convenio, parece que es una practica muy común en esa entidad” afirmó el cabildante.
El concejal hizo un llamado a la UAESP para que tome las medidas pedagógicas y sancionatorias para evitar la proliferación de arrojos clandestinos en la ciudad. Se tienen identificados 733 puntos críticos, es decir, de concentración de estos residuos. No puede ser que se siga pagando por una actividad que refleja la incapacidad administrativa de la entidad para evitar que la ciudadanía arroje residuos en las calles de la ciudad sin ningún tipo de control.
