El miércoles 20 de octubre el Concejo de Bogotá realizó un debate de Control Político acerca de la situación de los recicladores en Bogotá. El debate fue citado por el concejal del Partido Alianza Verde Luis Carlos Leal.
Es el primer debate que se le agenda al cabildante en la corporación, después de casi 2 años del periodo constitucional, irregularidad que venía denunciando durante los últimos meses en el Concejo Distrital. El objetivo del debate fue evidenciar la realidad que viven miles de recicladores en la capital de Colombia y denunciar diversas situaciones que vulneran a diario los derechos de esta población, sujeta de protección especial, de acuerdo con la Corte Constitucional.
“En múltiples respuestas que obtuvimos de la administración y en el reciente censo realizado por la UAESP, encontramos con preocupación que no hay datos de cerca del 40% de la población recicladora indagada. Es inaudito que se realice una inversión pública para caracterizar a la población y que la respuesta de casi la mitad de la población en muchos ítems sea no sabemos”, denunció Leal.
La realidad de la población recicladora en Bogotá es lamentable, son muchas las falencias en calidad de vida a la que se enfrenta este sector social. Según el concejal Luis Carlos sólo el 3% aporta a pensiones y sólo el 16% de esta población vive en casa propia o familiar.
“Nuestro deber es dignificar al reciclador y su labor. Una manera de hacerlo es reconocer que los derechos no son un privilegio sino que deben ser garantizados para todas y todos en el Distrito. Los índices de calidad de vida de esta población son demasiado bajos, se necesitan acciones concretas que lleguen a dignificar su trabajo”, aseguró Leal.
Según el concejal de la Alianza Verde no solo se trata del desconocimiento de la realidad de los recicladores por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, sino también de las presiones, malos tratos, agresiones y persecuciones que se han realizado en contra de este gremio. La más reciente acción fue el desalojo forzado de más de 120 familias en la localidad de Puente Aranda realizada por la fuerza pública y el ESMAD. Evento que terminó en el incendio que afectó la vivienda de las familias asentadas en ese lugar.
“Es lamentable el actuar de la administración frente al desalojo de más de 120 familias en la localidad de Puente Aranda. Es triste que la administración juzgara e incriminara de manera arrogante a la comunidad como se evidenció en algunos de sus trinos de sus funcionarios. Acá no se trata de definir quien inició la conflagración sino, de qué garantías se le dieron a esta población para la realización de la diligencia judicial”, aseguró Leal.
Asimismo, durante el debate de control político el concejal Luis Carlos Leal denunció el mal actuar del inspector de policía de la localidad de Puente Aranda, quien según grabaciones aportadas por el concejal, manifiesta que “en muchas ocasiones las acciones legales no son humanas”, situación que molestó a la comunidad en el marco de una mesa de trabajo instaurada por la Junta de Acción Local de Puente Aranda.
“Es inaceptable que esa sea la respuesta de un funcionario público que se debe a la ciudadanía. Y que en muchas ocasiones mediante su intervención revictimiza a toda la población recicladora, por lo que solicité a los entes de control que investiguen su actuar en la diligencia, y si el funcionario no es capaz de cumplir con la constitución y defender los derechos de la ciudadanía, entonces que renuncie”, aseguró Luis Carlos Leal.
