La atención en salud mental presenta dificultades en la región latina y en el país desde antes de la pandemia: por escasez de recursos, debido a que los países no cuentan con los suficientes profesionales, especialmente aquellos países de ingresos medios y bajos; porque no se brinda una atención oportuna a las personas y en muchos otros casos no hay ningún acceso a salud generando mayor vulnerabilidad y gravedad en los trastornos por no haber sido identificados a tiempo; además el modelo de atención continúa fuertemente ligado a la internación en hospital psiquiátrico, vulnerando derechos de las personas con trastornos y no permitiendo una reintegración a su contexto familiar y comunitario.
Es más costoefectivo y congruente con las necesidades de la población atender de manera temprana factores de riesgo en salud mental y promover factores protectores, manejar un modelo preventivo en detrimento del modelo biomédico centrado en curar enfermedades y prestar especial atención a la población en situación vulnerable ya sea por la condición económica o la zona geográfica en la que reside.
Los modelos de salud mental deben apuntarle no sólo a problemas o trastornos mentales específicos sino a afectar los determinantes sociales que son los responsables de la salud de las personas (ambiente, educación, vivienda, trabajo), esto con ayuda de otros sectores del gobierno. Y en ese sentido, fortalecer las acciones de salud pública para educar y empoderar a individuos y comunidades para que tengan mayor control sobre su propia salud mediante intervenciones que generen cambios en su actuar (comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, consumo de drogas lícitas e ilícitas, entre otros). Todo lo anterior será indispensable para que no se incrementen las tasas de depresión, ansiedad y estrés postraumático con ocasión de la pandemia.
Con relación al segundo tema, la política pública de vejez, ésta recoge los esfuerzos que el Distrito venía forjando desde 1999 cuando se capacitó a las personas mayores en Derechos Humanos fomentando ejercicios ciudadanos de participación desde el nivel local como los Consejos Locales de Personas Mayores.
La participación de la opinión pública en la construcción de la Política pública Social de Envejecimiento y Vejez (PPSEV) se dio a través de la consulta social, en donde se estableció el objetivo de la política que consiste en garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores que permita su desarrollo en todas las esferas promoviendo el envejecimiento digno y activo. Se ve entonces un fuerte enfoque de derechos humanos en esta política, que es liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social[1].
La consecución de dicho objetivo se materializa en cuatro servicios de esa entidad: 1. Apoyo económico, 2. Centro Día, 3. Centro Noche, y 4. Centro de Protección, que se encuentran articulados por un enfoque de desarrollo humano que busca ir más allá de la asistencia social y contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de las personas mayores. Se caracterizan por la territorialización, pues en cada localidad se procura llegar a la población más vulnerable, de modo que las acciones son descentralizadas desde cada subdirección de integración social local.
En el trabajo intergeneracional, la política tiene el desafío de contemplar una estrategia que mitigue las vulnerabilidades de la población en las etapas anteriores a la vejez, para que en el futuro no se deba ampliar el uso de la asistencia económica y así superar el ciclo de pobreza en las generaciones futuras a través de la ampliación del acceso al empleo y la jubilación.
El médico psiquiatra y terapeuta de familia, Nestor Torres, afirma que la declaratoria de la pandemia tiene unos impactos globales sin distinción de de edad, sexo o raza que incide en la salud mental de las personas: “Si nos concentramos por edades, para los niños es una novedad tener a sus padres la mayor parte del día en la casa. Esto ha permitido una mayor interacción pero a su vez aumento en las dificultades en las relaciones, aumento en problemas de aprendizaje, y posibles casos de aumento de violencia hacia los menores de edad; en parte, porque los padres se ven enfrentados a la enseñanza de contenidos sin contar con las destrezas y herramientas pedagógicas pertinentes”.
“Los jóvenes, acostumbrados a sus contextos y ambientes escolares, pueden llegar a tener dificultades de ansiedad que pueden generar consumo de sustancias psicoactivas, aumentos en trastornos del comportamiento social e incremento de actos delictivos. Mientras que en los adultos, a nivel económico el impacto es indudable, especialmente para tantos trabajadores que viven del rebusque. Para el caso de las personas mayores, uno de los grupos más vulnerables desde el punto de vista ogánico -dado que la vejez va acompañada de enfermedades crónicas que ameritan tratamientos de larga duración- y que por la normatividad expedida por la pandemia han visto restringida su movilidad, han tenido una sensación de impotencia y dificultad de afrontamiento, con síntomas frecuentes de problemas de sueño, irritabilidad y de comportamiento. Algunos refieren problemas por no acatar las normas del gobierno y en otros casos las impuestas por su familia”.
Asegura también que en los pacientes con trastornos ya establecidos, se ha visto un aumento de síntomas y de recaídas, que tiene que ver con el desabastecimiento de medicamentos. Por último, pese a que existe una política distrital en salud mental, considera no se ha desarrollado en su totalidad en la práctica ni se ha hecho una evaluación juiciosa de la misma; su reformulación será necesaria dada la pandemia con la participación de los profesionales en el tema para hacer aportes a la misma.
Beatriz Guerrero, psicóloga especialista y docente, afirma que cuando se habla de salud mental inmediatamente se asocia con trastornos mentales y un estigma hacia quien tenga estas enfermedades. Pero desde el orden Nacional se cuenta con la Ley 1616 de 2013 que permite pensar la salud mental de forma más amplia y holística, concebida como un estado dinámico y en donde se tiene en cuenta no sólo lo individual sino los diferentes entornos: el trabajo, la escuela, la comunidad, pues allí también hay interacciones que favorecen o no la salud mental. Cuando se piensa en políticas públicas o en abordaje en distintos entornos y diferentes grupos etarios hay una gran diversidad de intervenciones para una atención integral, no siempre exclusivamente para ‘enfermos mentales’.
“Es importante que las personas mayores puedan tener equilibradas sus necesidades básicas y cuenten con apoyo social ante las dificultades y problemas: a medida que las personas avanzan en edad esa percepción de apoyo está bastante disminuida. Para este sector poblacional es importante sentirse activo y protagónico en la sociedad, pero aún hay un marcado estigma en torno a la vejez” aseguró. Retos en materia de política pública: que los servicios sociales y de salud que se oferten estén cercanos a su lugar de vivienda, reconocer los grupos de mayor vulnerabilidad social en términos de nivel educativo, estrato socioeconómico y redes de apoyo, para poder dirigir las acciones de manera directa hacia los grupos que más lo necesitan. Un tema fundamental es evitar la institucionalización prematura y establecer intervenciones tempranas que propician factores protectores.
Carlos Robledo, licenciado en educación doctor en humanidades, ha acompañado temas de la política pública en envejecimiento vejez. Dice que la política lo que busca es mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Pero se debe pensar no sólo en los mayores de 60 años si no en cómo se preparan los demás para el envejecimiento y cómo el Estado está garantizando ese envejecimiento digno y activo. Las actividades deben en sí mismas llevar a un disfrute y a un bienestar, pero la actual pandemia va en total contrasentido de esta premisa. El reto es entonces propiciar estrategias de envejecimiento activo que fomenten un bienestar y adecuada salud mental.
En ese sentido, señala que “la política pública de envejecimiento y vejez del Distrito requiere ciertas readaptaciones fruto de la pandemia y lo que pasará después de ella, siendo coherentes con el enfoque de derechos humanos y con los pincipios constitucionales. Se requiere que la voz de las personas mayores sea escuchada, que los espacios de participación sean para ellos, que sean tratadas como actores de desarrollo y no como actores de intervención. Esto había tenido ciertos logros pero se han ido al traste por las condiciones de pandemia”.
Matilde Arias, psicóloga y especialista en tema de violencias, ha sido referente en política pública de vejez. Su visión en el trabajo territorial le ha permitido evidenciar que la política tiene cuatro (4) dimensiones pero éstas no abarcan todas las necesidades de las personas mayores, no han generado que ellos se sientan valorados y respetados en los diferentes contextos. Ve dificultades como la falta de continuidad de los profesionales que generan revictimización en la narrativa de las historias de vida de los mayores de 60 años. Muchas veces no cuentan con apoyo legal en situaciones en que los sacan de sus hogares y les retiran sus bienes. Considera importante hacer una reforma laboral en entidades que prestan servicios sociales y de salud a estas personas, de lo contrario las están haciendo más vulnerables al no prestar una atención integral. Señala que “los profesionales contratados para todos los ciclos de vida, deben ser idóneos, deben tener experiencia en la parte psicosocial, ser psicólogos integrales, que hayan trabajado y tengan experiencia en esta población, adicional a esto no solo existe pobreza oculta sino maltrato oculto, las personas mayores manifiestan que no pueden quejarse porque no tienen a donde vivir y muchos son despojados de sus propias viviendas y abandonados”
“En algunas entidades de prestación de los servicios, cuando llega una persona mayor, las personas de atención al usuario no entienden que ellos ya no oyen, que se requiere de paciencia, es por esto que se deben hacer unas reformas laborales para las entidades que prestan el servicio de salud, capacitando a las personas que atienden, en temas específicos, donde se les debe tener paciencia y saberlos orientar”.
Por ultimo señala que se debe hacer un trabajo de sensibilización en las familias y sobre todo si se trabaja desde los niños y adolescentes, se podrá lograr que las personas mayores, vivan en ambientes sanos, tranquilos y así lograr un alivio a la salud mental que tanto necesitan.
Ángela Sepúlveda miembro de sabios y sabias de la localidad de Kennedy que nos brida una mirada más social desde la comunidad, basándose en la incidencia de la política social para el envejecimiento y la vejez en la restitución y garantía de los derechos humanos. “El centro de los derechos humanos es la dignidad humana”.
Ella nos señala el Acuerdo 254 del Concejo de Bogotá, que establece los lineamientos para la política basados en 6 principios; participación activa, inclusión social, la equidad, relaciones intergeneracionales y autorregulación y dignidad de las personas. Señala que “La política de vejez y envejecimiento en la mayoría de su texto queda como en la cartilla” es por esto que indica, que desde el Concejo se debe mirar cómo ayudar para que tengan un techo y una vejez digna.
“Se debe mirar como potenciar los saberes desde las experiencias de las personas mayores, en el transcurso de su vida han obtenido muchos saberes, es por esto que se deben tener en cuenta en oficios que no les cuestan mucho trabajo, pero están allí para realizarlos. Se habla que vivir bien en la vejez marca diversidad, es por esto que desde el concejo se debe articular para que las entidades del distrito garanticen ese derecho a su trabajo” todo esto, para tener un acompañamiento y seguimiento para que sea garantizados los mínimos derechos en la vejez.
Jhonatan Rodríguez enfermero gerontólogo quien tiene contacto permanente con personas adultos mayores. Señala que “se debe valorar los adultos mayores, muchas veces marginados por la sociedad y sus mismas familias, la invitación es a conocer a esos seres de derechos llenos de sabiduría, de vivencias” dice que en su grupo familiar y laboral implementaron un proceso donde se brinda apoyo espiritual y mental, trabajando a través de dinámicas lúdicas, físicas y cognitivas, que ha tenido una gran aceptación por parte de los adultos mayores, donde se les nota satisfacción y ganas de vivir.
“Los adultos mayores son seres que tienen mucho para dar a pesar de que la mayoría no cuentan con un estudio. Pero muchas veces son maltratados por su situación económica y porque no tienen la experiencia ni el conocimiento para expresar sus emociones, sus pensamientos y esas necesidades que se generan al interior de cada núcleo familiar” todo esto implica que muchas veces se genere trastornos de depresión, comportamiento social, aumento de conductas delictivas, trastornos del sueño, entre otros. Señala que es importante que se les garantice a los adultos mayores pasar sus últimos días dignamente, teniendo acceso a cumplir sus necesidades básicas y no solo de tipo físico sino necesidades de tipo mental.
Tras las intervenciones de los invitados, finalizó nuestro primer conversatorio “Hablando Juntos por Bogotá”, en donde se resaltó la importancia de que las personas mayores puedan tener equilibradas sus necesidades básicas y cuenten con apoyo social ante las dificultades y problemas. En este sentido, podemos concluir que es muy impórtate que las estrategias dirigidas a las personas mayores deben apuntar a los determinantes sociales, como el ambiente, la educación, la vivienda y el trabajo, factores que son determinantes en la salud y calidad de vida de las personas.
Concejal de Bogotá
[1] Jaramillo, A. y Forero, A. (2015). De la política a la acción: Estado y avances de la implementación de la política pública social para el envejecimiento y la vejez (PPSEV) en Bogotá. Recuperado de http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.unal.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=082460d4-e58f-41f6-969e-c545ee21b48b%40pdc-v-sessmgr05
