Los más recientes informes y testimonios dan cuenta de una crisis profunda en el sistema de salud colombiano que afecta el acceso a medicamentos esenciales. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2024 las unidades de medicamentos entregadas por canales institucionales disminuyeron en 7%, mientras que las ventas en el canal comercial crecieron un 5%.
Además, el impacto en los hogares es alarmante: oscila entre el 7% y el 90% de los ingresos mensuales de los pacientes que deben costear su propio tratamiento cuando el sistema no les entrega los medicamentos.
Situación crítica de salud para los pacientes
En hospitales, dispensarios y droguerías, la falta de medicinas es cada vez más evidente. Pacientes con enfermedades crónicas, trasplantes, salud mental y otros tratamientos vitales se han visto interrumpidos su acceso: por ejemplo, un tratamiento mensual con ácido valproico puede costar más de $270.000 pesos, lo que para muchos representa una parte significativa de sus ingresos.
Las quejas presentadas ante la Superintendencia de Salud se han triplicado en un año y medio: de 18.200 en enero de 2024 a 55.387 en julio de 2025. La entrega de medicamentos representa alrededor del 36,8% de todas las tutelas proyectadas para el año.
Causas y efectos sistémicos
La crisis no se limita a un solo factor. Según el informe de la Defensoría:
La insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la deuda acumulada de las EPS con los gestores farmacéuticos (más de 6,4 billones de pesos a marzo de 2025) agravan el problema.
Medicamentos básicos del Plan de Beneficios en Salud (PBS) como metformina, losartán, rosuvastatina o quetiapina figuran entre los más reportados por falta de entrega.
Por ello, hacemos un llamado urgente a las autoridades y al sector salud, este panorama exige respuestas inmediatas porque la salud es un derecho y para eso es necesario:
1. Garantizar que los medicamentos incluidos en el PBS lleguen oportunamente a los pacientes.
2. Fortalecer los mecanismos de distribución, reducir intermediaciones innecesarias y asegurar la cadena logística hasta los territorios.
3. Revisar y ajustar la financiación del sistema (UPC y otros recursos) para que las EPS y gestores farmacéuticos puedan cumplir.
4. Transparencia y rendición de cuentas sobre las tutelas, quejas y medidas correctivas adoptadas.
5. Atender con prioridad a los grupos más vulnerables: pacientes crónicos, trasplantados, aquellos con afectaciones en salud mental, poblaciones rurales y desplazadas.
Como concejal de Bogotá reitero mi compromiso con la defensa del derecho a la salud. Estaré haciendo seguimiento permanente al avance en la entrega oportuna de medicamentos y a las acciones que tomen las entidades competentes. Mi obligación es velar porque ningún paciente quede desprotegido y porque la ciudad reciba las respuestas y soluciones que merece.
Partido Liberal Colombiano
