DECLARACIÓN
Desde la resistencia espiritual, política, económica y cultural la Comisión Étnica de Paz y para la Defensa de los Derechos Territoriales, integrada por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), las Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde el dialogo territorial realizado en los días 11 y 12 de febrero de 2021, hemos hecho una reflexión colectiva sobre la situación de nuestra gente y nuestros territorios en medio de la actual pandemia, la reconfiguración de la guerra y la agudización de la violencia, con el propósito de hacer un balance sobre el estado de implementación del capítulo étnico.
El Acuerdo Final de Paz nos ha permitido introducir en el Plan Marco de Implementación un total de 97 indicadores y 36 metas trazadoras como parte del enfoque étnico, desde los cuales se encuentran las medidas necesarias para garantizar el acceso de los pueblos étnicos al goce efectivo de los derechos territoriales, la participación política, el restablecimiento de la armonía territorial, la solución al problema de las drogas ilícitas con un enfoque diferencial étnico, la reparación de las víctimas y la implementación, verificación y refrendación.
Sin embargo, a la fecha, las voces de nuestros territorios alertan sobre las profundas dificultades que hay en el cumplimiento de estos Acuerdos, los avances mínimos en la incorporación de los enfoques étnico y de género en las políticas y programas de paz y las serias regresividades en la protección de nuestros derechos fundamentales y la garantía de las salvaguardas colectivas.
Todo ello, en paralelo a la existencia de un difícil contexto en el que nuestra permanencia en los territorios sigue siendo constantemente amenazada por los actores armados, en el que las mujeres afrocolombianas e indigenas, no solamente sufren la violencia del conflicto armado y los grupos ilegales, sino también la violencia que permea la sociedad, en el que nuestra vida está en riesgo producto de los señalamientos, los embates del extractivismo y las economías ilegales.
Del mismo modo, vemos con profunda preocupación cómo el gobierno nacional está de espaldas a nuestra lucha por la sobrevivencia física y cultural negando sistemáticamente nuestro ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada sin observancia de los estándares nacionales e internacionales. Ejemplo de ello, es que asuntos centrales del Acuerdo de Paz como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se han convertido en espacios cerrados a la integración de un enfoque transversal étnico. De este modo, la participación de los pueblos étnicos no solamente ha sido bloqueada institucional y políticamente con la falta de consulta y la no regularización de las curules de paz, sino que se sigue dificultando en medio del fuego cruzado y del horror de la guerra.
En medio del correr de las armas y de la pandemia no hemos visto medidas capaces de contener la muerte más que nuestros propios ejercicios de cuidado y salvaguardia. Por ello, exigimos con urgencia una política de seguridad y de acción preventiva que más allá de militarizar nuestros territorios actúe sobre las causas estructurales que generan violaciones a nuestros derechos y que se resguarde la vida integrando de manera oportuna y respetuosa nuestras guardias indígenas y cimarronas y los mecanismos étnicos de protección y justicia.
En materia de justicia es importante señalar que vemos que los avances más importantes del Acuerdo se han dado en relación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) al incorporarse un enfoque étnico, la consulta previa de la normatividad, la construcción participativa y consulta de los protocolos de funcionamiento y relacionamiento, la priorización de los casos que integran territorios étnicos y una contratación de funcionarios que ha sido proactiva para visibilizar el racismo y la discriminación histórica, estructural e institucional.
Frente a todas las adversidades del proceso de paz los pueblos étnicos mantenemos la esperanza y ratificamos nuestra palabra de seguir apostando a la construcción de un país justo, digno y plural y a una paz territorial. Desde el gobierno propio y la autonomía hemos atendido la crisis humanitaria e incluso hemos enfrentado de manera pacífica a los actores armados en los territorios y en el dialogo político directo con el gobierno nacional a través del mecanismo de interlocución Instancia de Alto Nivel para Pueblos Étnicos IEANPE.
Nuestras acciones territoriales le apuestan a la política de la vida de la humanidad y de la naturaleza. En ese espíritu conminamos al gobierno nacional, a la sociedad política y civil colombiana, a la comunidad internacional y a los demás pueblos, organizaciones y sectores del país a que volvamos a lo sagrado, a que protejamos la vida y los territorios y a que no se cambie la interpretación y el sentido los acuerdos políticos para que podamos vivir en una Colombia en paz.
Comisión Étnica para la defensa de los derechos territoriales – Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC – Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano CONPA – Autoridades Indígenas de Colombia AICO - #FuerzaÉtnica
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