El concejal Rolando González celebró la aprobación en el Congreso de la República de la ley que da creación de tipo penal como lesiones personales a la aplicación de biopolímeros con fines estéticos y además se ordena al Ministerio de Salud a “incluir en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), tanto del régimen contributivo como en el régimen subsidiado, el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación y procedimientos de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas, así como los medicamentos y los tratamientos necesarios de salud mental y apoyo psicosocial que requieran las personas afectadas”
González inició con este proyecto hace más de 3 años en el Concejo de Bogotá de la mano de la activista y empresaria Elizabeth Loaiza quién abanderó el tema a través de una campaña llamada “Ni Una Más Con Biopolímeros” que desde entonces, ha tenido el objetivo de alertar y prevenir sobre los peligros de la aplicación de este tipo de sustancias. Fue tanta la acogida de la iniciativa, que tuvo eco en el Congreso de la República y está a un paso de ser ley.
Con la ley, se establece que la persona que aplique sustancias modelantes no permitidas, incurrirá en prisión de 3 a 10 años y pagará una multa de 150 a 250 salarios mínimos mensuales. Y si la conducta es realizada por el personal de la salud, la prisión va de 8 a 15 años. Para ello, el texto señala que es el INVIMA quién en un plazo de 3 meses debe definir el listado de las sustancias modelantes permitidas.
Para el Cabildante, esto significa un gran avance para proteger la integridad física y mental de las mujeres y hombres a la hora de realizarse un procedimiento estético. En el país, las víctimas de Biopolímeros perciben un desamparo total por parte de las autoridades a la hora de prestar la atención médica necesaria y retirar estas sustancias. El texto aprobado establece que dentro del Plan Obligatorio de salud, las EPS están obligadas a ordenar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, el retiro de los biopolímeros y atención psicológica a las víctimas.
Adicional a ello, obliga a que las Secretarías de Salud realicen operativos centrados en identificar consultorios y clínicas para verificar que no lleven a cabo estos procedimientos médicos- quirúrgicos y ordena su cierre inmediato.
Para González, “Bogotá es una de las ciudades que más se beneficiará con esta medida, toda vez que en la capital del país, hay registrados 110 prestadores de salud que realizan procedimientos de cirugía plástica y estética y por año se realizan alrededor de 25 mil cirugías plásticas en donde un 90% son mujeres”
El cabildante, autor del proyecto de acuerdo, pedirá que en Bogotá se diseñe un protocolo de atención para las personas víctimas de procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos realizados con productos o sustancias que contienen biopolímeros y se pueda sancionar a quienes realicen estas actividades que desde hoy son castigadas.
