En medio la actual Emergencia Económica, Social y Ecológica se han tomado decisiones que buscan garantizar el derecho al trabajo y se brinden garantías en momentos donde la solidaridad y el esfuerzo colectivo son más necesarios que antes. La Organización Internacional del Trabajo recomendó a todos los Gobiernos del mundo a comprometerse con la protección de trabajadores, estimular la economía y sostener los puestos de trabajo en la crisis plenaria en a la que nos enfrentamos.
En concordancia con lo anterior el Ministerio del Trabajo expidió la circular externa No 022 en la que se “hace un llamado a los empleadores para que en estos momentos de dificultad mantengan la solidaridad y el respaldo que los ha caracterizado hacia los trabajadores”.
En las actuales circunstancias donde hay indeterminación sobre la aplicación de las normas frente a supuestos facticos es la Constitución la que debe irradiar las decisiones. Así la Carta Política expresa en su artículo 25 que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
Contratistas de la Secretaría de Distrital de Educación que operan servicios deben cumplir con todos los parámetros constitucionales y dar prioridad a la protección de los trabajadores. De hecho, la Secretaria de Educación emite una circular donde solicita mantener la continuidad del personal de vigilancia y servicios generales de los contratistas de las SED.
La violación a derechos laborales se ha dado en instituciones en más de 10 localidades y 30 Colegios distritales. La cifra de despidos puede superar los 300, eso se traduce en 300 hogares sin empleo y recursos en medio de la crisis. Un número limitado de operadores en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Bosa, Suba, Usaquén, Tunjuelito y Mártires están ad portas de materializar una masacre laboral en servicios que hemos aprendido son indispensables para el funcionamiento de nuestra sociedad.
Exigimos a la Defensoría, Personería y Contraloría, a la Secretaria de Educación del Distrito y a la interventoría de los contratos, que revisen caso por caso y que las empresas justifiquen la NO CONTINUIDAD de estos trabajadores y trabajadoras en sus empresas, con los soportes de ley. La garantía de los vitales es la única forma de lograr una Bogotá justa, sustentable y en paz.
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA DE EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA SED.
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